SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha confirmado los embargos trabados sobre distintos bienes de dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía para cubrir las fianzas de responsabilidad civil que les han sido impuestas por un importe total de 551.950 euros.
En dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya rechaza los recursos de revisión contra los decretos de embargos interpuestos por Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
El Juzgado de Alaya embargó a Isabel de Haro Aramberri una finca urbana en Sevilla tasada pericialmente en 470.124,10 euros a fin de cubrir una fianza civil de 339.150 euros, mientras que a Pilar Rodríguez López le embargó una finca urbana en Madrid tasada pericialmente en 247.168,61 euros para hacer frente a una fianza civil de 212.800 euros.
Ambas imputadas recurrieron alegando que el auto por el que se le impusieron medidas cautelares ha sido recurrido y, por ello, "no puede dictarse decreto alguno acordando el embargo de bienes".
"Tal motivo de recurso no puede ser acogido en modo alguno, pues con independencia de la procedencia o no de la adopción de medidas cautelares recurridas, el decreto dictado no hace más que dar cumplimiento a los trámites siguientes a la adopción de las medidas cautelares mediante auto", razona la juez, que señala además que el recurso "no tiene en modo alguno efectos suspensivos".
Asimismo, la secretaria judicial ha dictado un decreto, consultado por Europa Press, en el que embarga al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto una finca en Madrid, que se suma al embargo anterior de un bien inmueble que fue tasado como máximo en 330.000 euros y que fue designado por dicha federación como responsable civil subsidiario.
Dado estos embargos y que la fianza civil impuesta al exsindicalista es de 472.352 euros, el Juzgado declara solvente al imputado.
