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SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya ha dictado este jueves una providencia en la que pide a la Fiscalía y a las demás partes personadas que se pronuncien sobre la "posible nulidad" del auto por el que transformó en sumario las diligencias previas seguidas por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay hasta 18 personas imputadas.
En una providencia dictada este mismo jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla plantea esta "posible nulidad" del auto dado que el procedimiento seguido --la transformación en sumario-- podría no ser el adecuado dadas la naturaleza y cuantías de las penas previstas por los delitos imputados, como son prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad cometida por funcionario público.
Por ello, da tres días tanto al Ministerio Público como al resto de partes para que "puedan alegar lo que a su derecho convenga acerca de la posible nulidad" del referido auto, dictado el pasado 3 de diciembre, "si se entendiera que la misma procediese, y todo ello a fin de adecuar los hechos al procedimiento que corresponda".
En la providencia, la juez vuelve a citar el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala, en relación al procedimiento abreviado --y no al sumario--, que "el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración".
No obstante, la instructora relaciona ahora este artículo con otros dos artículos de la Ley del Tribunal del Jurado.
En el auto cuya nulidad ahora plantea, la juez acordaba transformar en sumario ordinario las diligencias previas por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que están imputados, entre otros, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
En el auto, la magistrada daba traslado de la transformación en sumario al presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y a la Fiscalía, explicando que el conocimiento del delito de prevaricación "está atribuido" a la Audiencia Provincial por estar castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de siete a diez años.
Dicha pena sería "en todo caso superior" a los nueve años que marca el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que "es procedente la conversión de las presentes diligencias previas en sumario ordinario".
"PRESUNTA PREPARACIÓN" DEL CONCURSO
La juez añadía que, en esta causa, "se ha investigado la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir las naves inicialmente programadas".
Hay que recordar que Sanma, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.
En esta causa llegaron a estar imputados siete empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pero la juez decidió archivar la causa contra todos ellos en un auto en el que arremetía duramente contra la Fiscalía por haber pedido la imputación de estos empresarios habiendo prescrito los delitos.
