La secretaria municipal declara en un juzgado por las acciones emprendidas por los funcionarios por la vía Penal
MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), ha resuelto los expedientes disciplinarios incoados contra tres funcionarios por el contenido de su oposición a la recusación promovida en su contra por su papel en un Tribunal de Selección, con suspensiones de empleo y sueldo de cinco meses, nueve meses y nueve meses y medio de duración, respectivamente, toda vez que los afectados han anunciado que impugnarán estas resoluciones por la vía Contencioso Administrativa.
Un portavoz del colectivo informó a Europa Press de que las sanciones les han sido ya notificadas tras su aprobación en el seno de la junta local de gobierno. En concreto, se trata de suspensiones de empleo y sueldo de cinco meses, nueve meses y nueve meses y medio para cada uno de ellos por las supuestas "faltas graves" contenidas en su oposición a la recusación recibida por su actuación en el Tribunal de Selección de un concurso oposición.
Mientras las suspensiones de empleo y sueldo comienzan a ser efectivas "mañana", justo al día siguiente de su notificación, los tres funcionarios han resuelto ya impugnar las sanciones por la vía Contencioso Administrativa. Por lo que a la vía Penal se refiere, el pasado 14 de julio, la secretaria general del Ayuntamiento de Morón, A.S.L., prestó declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera precisamente a cuenta de las acciones judiciales promovidas por estos tres funcionarios ante los actos administrativos de los que han sido objeto, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El Gobierno municipal, de su lado, señaló en un comunicado que los expedientes disciplinarios "nada tienen que ver" con estas acciones judiciales, porque "las actuaciones del Ayuntamiento siempre han estado presididas por el respeto a la legalidad vigente, al derecho de los trabajadores así como al de la propia institución municipal".
POSIBLES VULNERACIONES CONSTITUCIONALES
El caso, como se recordará, es motivo de conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pues la Delegación del Gobierno autonómico en la provincia ha decidido impugnar por la vía Contencioso Administrativa los actos del Ayuntamiento contenidos en el requerimiento en el que se reclamaba al Consistorio tanto la anulación de la aceptación de las recusaciones promovidas contra estos tres funcionarios, como los expedientes disciplinarios incoados a tal efecto.
La Administración andaluza cree, así, que el Ayuntamiento "ha vulnerado el artículo 23.2" de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder "en condiciones de igualdad" a las funciones y cargos públicos, pues el funcionario autonómico que participaba en el Tribunal de Selección en cuestión ha corroborado los hechos denunciados por los funcionarios expedientados en cuanto a un supuesto intento de "alteración" del resultado del mencionado concurso oposición.
En ese sentido, el Gobierno andaluz entiende que las recusaciones tramitadas por el Ayuntamiento contra estos tres funcionarios, y finalmente aceptadas por la Alcaldía, "no se ajustan a derecho" y podrían albergar un intento de "apartar del Tribunal de Selección a aquellos vocales que pudieran no transigir con determinadas instrucciones".
