SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de Málaga (UMA), la Universidad de Sevilla (US) y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, han firmado recientemente addendas a los convenios de colaboración, que ya funcionaban desde el año 2011, para renovarlos y añadir en particular nuevos fines que se adecuen a la nueva realidad económica de Andalucía.
Según la información facilitada a Europa Press por la Consejería de Economía y Conocimiento, se han incluido las nuevas áreas de trabajo de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía incorporadas a partir de la Ley de reducción de trabas administrativas a empresas.
Fundamentalmente, la Agencia ha asumido funciones en materia de mejora de la regulación y otras vinculadas a la aprobación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado --en adelante, LGUM-- y que se sumarían a las que ya venía desempeñando este organismo, en el ámbito de la promoción y defensa de la competencia.
En definitiva, se trata de la voluntad de mejorar la calidad de la regulación a través de la simplificación legislativa, en la que las normas deben ser "solamente" las necesarias y proporcionadas a los fines que se pretenden; cuenten con objetivos claros y bien definidos, y las que supongan el menor coste posible para ciudadanos y empresas.
Entre las nuevas funciones asumidas, cabe destacar por un lado, la ampliación sustancial de la función consultiva respecto de los proyectos normativos, extendiéndose a las normas que incidan sobre las actividades económicas o la unidad de mercado, además de las que puedan afectar a la competencia efectiva.
Otra de las funciones son las nuevas tareas de interlocución e informe en el marco de los mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de las libertades de establecimiento y de circulación previstos en la LGUM.
Finalmente, las funciones adicionales de consulta y dictamen en materia de mejora regulatoria y unidad de mercado; así como la tarea de servir de cauce para que los operadores económicos, las personas consumidoras y usuarias y las organizaciones que los representen puedan poner de manifiesto los obstáculos y barreras normativas detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas.
Debe remarcarse, además, que la realización de tales actividades reúne una clara finalidad pública y de interés social y económico, ya que contribuyen al cumplimiento de sus compromisos de realizar labores de análisis, investigación y docencia sobre defensa y promoción de la competencia, así como sobre los aspectos jurídicos y económicos del funcionamiento competitivo de los mercados.
