SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consejo Consultivo de Andalucía, superior órgano consultivo de la Administración autonómica que vela por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, emitirá su preceptivo dictamen sobre el Anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía el próximo día 16 de septiembre, según las fuentes consultada por Europa Press.
De este modo, se cumple el trámite previo a la entrada de la normativa en el Consejo de Gobierno para su aprobación como Proyecto de Ley, con lo que se cumplirían las previsiones del Gobierno andaluz, cuyo presidente, José Antonio Griñán, expresó recientemente si intención de que la normativa estuviera aprobada a finales de septiembre o principios de octubre para remitir posteriormente el texto al Parlamento andaluz.
No obstante, hay que recordar que el dictamen emitido por el órgano que preside Juan Cano Bueso no es vinculante, por lo que la Administración, una vez cuente con el informe, puede limitarse a responder al mismo con alguna de las siguientes fórmulas: 'De acuerdo con el Consejo Consultivo', si se adoptan de conformidad con el dictamen u 'Oído el Consejo Consultivo', si se apartan de él.
Hay que recordar que, en su día, el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) expresó en su dictamen algunas "discrepancias" con el actual texto, haciendo hincapié en que "se hace necesario concretar algunos elementos básicos en el capítulo de la participación pública a fin de "reforzar el compromiso de la Administración y garantizar la permanencia de los procesos participativos".
Igualmente, el CES expresó su "desacuerdo" con el procedimiento de urgencia al que se ha acudido para solicitar el dictamen del Consejo, ya que "limita la capacidad de análisis".
Por otro lado, un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, y encargado por Asaja-Sevilla advierte de problemas de "inconstitucionalidad" que pueden plantear algunos artículos del anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía, así como de la "arbitrariedad e indefensión jurídica para los regantes" que de la misma puede derivarse.
De este modo, el informe recoge que se trata de una ley de "dudosa constitucionalidad en algunos artículos y claramente en otros", ya que según el jurista, por ejemplo, el artículo 24 "contradice" el Texto Refundido de la Ley de Aguas y "vulnera" la competencia del Estado acerca de la legislación básica sobre concesiones administrativas prevista en la Constitución, pretendiendo ir "más allá" de los que han ido en sus textos autonómicos Cataluña, País Vasco, Galicia, Canarias y Aragón.
"VOLUNTAD DE CONSENSO"
En este sentido, los agricultores advirtieron de que, de no modificarse los aspectos "más contradictorios" de la normativa, se podría producir una "batalla legal similar a la ocurrida con la Ley de Reforma Agraria".
Por su parte, el PP-A, se sumó a las críticas y pidió al Gobierno andaluz que se replantee la normativa antes de que inicie su trámite parlamentario por "recoger un incremento espectacular de las cuotas para las familias, ayuntamientos, industrias y la agricultura", algo "letal para la economía andaluza en estos momentos de crisis".
No obstante, secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, pidió "tranquilidad" a los diferentes sectores en relación con la futura Ley del Agua de Andalucía porque, según aseguró, ésta "seguirá siendo objeto de debate, sobre todo, en el seno del Parlamento, y tiene la voluntad de alcanzar el consenso en torno a la misma".
