SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar en su reunión de este martes el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que será remitido de manera inmediata al Parlamento autonómico, donde iniciará su tramitación hasta la aprobación definitiva que permitirá su entrada en vigor.
La propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció el pasado lunes ante el Comité Director del PSOE-A que la citada ley se aprobaría en el Consejo de Gobierno del martes 18, destacando que se trata de una norma que va a situar a esta comunidad a la vanguardia y al máximo en materia de rendición de cuentas en el conjunto del país, puesto que es más avanzada que la ley que se ha aprobado a nivel nacional. Indicó que los objetivos fundamentales son recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la política y sus instituciones; fomentar la ejemplaridad en el ejercicio de lo público, y evitar que haya gente que llegue a lo público para aprovecharse.
Como se recordará, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno el 4 de junio de 2013 al anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, cuyo texto ha pasado por órganos como el Consejo Económico y Social y, en última instancia, por el Consejo Consultivo, como es preceptivo.
Fuentes de la Junta han informado a Europa Press que el anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno en junio de 2013 ha incorporado, de cara a la aprobación del proyecto de ley que se remitirá al Parlamento, numerosas sugerencias de colectivos sociales y ciudadanos.
También han apuntado que, a instancias del Consejo Consultivo, se han introducido algunas modificaciones básicamente de "carácter técnico", por ejemplo, en lo que respecta al tema de la protección de datos. La norma andaluza también ha tenido que llevar a cabo las pertinentes adaptaciones a la ley nacional, que es legislación básica, sobre todo, en lo que respecta a los límites a la hora de dar cierta información, principalmente por motivos vinculados a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad o la protección de datos personales.
El Gobierno andaluz ha elaborado esta ley con el objetivo fundamental de facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.
De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.
El texto parte del principio del reconocimiento de este derecho, cuyo ejercicio es fundamental para la participación ciudadana, la legitimación de las instituciones democráticas, la defensa del interés general y la garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las autoridades públicas.
El control correrá a cargo de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, autoridad independiente de nueva creación cuyo director será designado por el Parlamento andaluz por mayoría absoluta. Su mandato será por cinco años, desvinculado del periodo legislativo de cuatro años, y sólo podrá ser renovado en una ocasión. Entre otras funciones, esta autoridad independiente se encargará de la resolución de las reclamaciones que se presenten. En la actualidad, cuando un ciudadano no obtiene una información que solicita, tiene que ir al juzgado.
ANTEPROYECTO DE JUNIO DE 2013
El anteproyecto de ley que el Consejo de Gobierno aprobó en junio de 2013 también establecía la creación de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, órgano consultivo y de participación en ambas materias que contará con la representación de las administraciones autonómica y local, el Parlamento de Andalucía y expertos y organizaciones sociales.
Dicho anteproyecto se articuló en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero de ellos hace referencia a la difusión por propia iniciativa de los poderes públicos, mientras que el segundo se vincula a la actuación de la ciudadanía en la petición de datos.
Así, la publicidad activa se regula en el Título II, que incluye disposiciones dirigidas a posibilitar el máximo conocimiento ciudadano de la información que sea relevante para garantizar la transparencia, en aspectos que van desde la producción normativa, la planificación, la contratación, la gestión de subvenciones, los datos económicos y presupuestarios, las relaciones de puestos de trabajo, las ofertas públicas de empleo, procesos de selección del personal, número de liberados, o las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos.
Entre otras novedades, en dicho texto se establecía que se obligará a que se hagan públicas las agendas institucionales de los gobiernos autonómicos y locales, así como que los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos.
La norma obligará a que estos contenidos sean entendibles por los ciudadanos; tengan acceso fácil y gratuito; se actualicen trimestralmente y cumplan legislación autonómica en materia de utilización de un lenguaje no sexista.
En lo que respecta a la administración local, el anteproyecto de junio recogía la obligación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales; que se publique la versión final de las ordenanzas y reglamentos, mientras que los ayuntamientos tendrán que retransmitir, siempre que sea posible, en directo los plenos municipales, bien por internet, por televisiones locales o facilitar el acceso a un archivo grabado, y estarán obligados a publicar las actas de los plenos.
