SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de Mercasevilla, sociedad pública participada por el Ayuntamiento hispalense y por Mercasa, ha tomado hoy conocimiento del informe elaborado por la empresa especializada Deloitte en cuanto a su gestión inmediata y, tras un "tenso" debate, no ha resuelto disolver la Fundación Socioasistencial, sino emprender "un estudio" de tal procedimiento para conocer sus "efectos y consecuencias", según informó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), tras asistir con voz pero sin voto a la sesión.
Según Rafael Domínguez, si bien la comisión ejecutiva de Mercasevilla había acordado en su seno disolver la Fundación Socioasistencial tras el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ya ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número seis de Sevilla, finalmente el consejero delegado, el concejal socialista Alfonso Mir del Castillo, habría propuesto finalmente iniciar un "estudio" del procedimiento de disolución para conocer sus "efectos y consecuencias".
"De momento, sigue funcionando", dijo el presidente del comité de empresa en cuanto a la Fundación Socioasistencial, que según el informe elaborado por Deloitte sufre un "resultado negativo" de 1.116.148 euros y está condenada a la "liquidación y disolución" a menos que reciba "el apoyo financiero suficiente" para reflotar la entidad.
Dado el caso, el presidente del comité de empresa explicó que aunque su participación en el consejo de administración no le otorga derecho al voto, ha expresado la "negativa" de los trabajadores a la disolución de la Fundación Socioasistencial, apostando así por "la continuidad de la actividad y de los puestos de empleo", porque de la fundación dependen ocho empleos directos más una escuela taller en la que toman parte 25 alumnos trabajadores.
La comisión ejecutiva de Mercasevilla había acordado proponer la disolución de la fundación tras conocer el informe de la comisión auditora creada por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales al grupo hostelero La Raza. En concreto, la comisión auditora había detectado que los gestores habían protagonizado actuaciones "a espaldas totalmente del Patronato y sin la aprobación de ninguno de sus órganos de gobierno de la misma".
