SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida a Jesús Maeztu, ha pedido a las universidades andaluzas que promuevan la aprobación por parte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) de unas pautas mínimas que permitan "cierta homogeneidad" en las respuestas a las solicitudes de traslado de expediente académico por motivos de enfermedad o en aquellos otros casos que considere pertinente.
En una resolución, consultada por Europa Press, el Defensor explica que la institución trasladó a las universidades andaluzas su "preocupación" ante las quejas recibidas de estudiantes que no podían continuar sus estudios universitarios lejos de su domicilio familiar, tras sufrir una enfermedad o enfrentarse a una intervención quirúrgica de importancia que requiriesen de especiales cuidados, ya que "la falta de respuesta" administrativa a su situación particular, "les obligaba a renunciar a sus estudios temporal o definitivamente".
Así, el Defensor señala que una vez analizado el marco regulatorio de los traslados de expediente a las distintas universidades, se puso de manifiesto las "diferencias" en cuanto a los supuestos en los que se admite dicha solicitud de traslado. Incluso, señala que dentro de una misma universidad "se advertían situaciones de distinto tratamiento según los estudios universitarios de que se trate, dándose las mayores dificultades en los Grados de la rama de Ciencias de la Salud".
Ante ello, el Defensor trasladó a las universidades, "sin perjuicio del irrenunciable principio de autonomía universitaria", precisa, la "conveniencia" de un mismo criterio en toda Andalucía ante las mismas circunstancias de los estudiantes, "evitando con ello que puedan darse situaciones de asimetría de trato en función de la provincia en que residan", y que había que articular las posibles respuestas a las mismas en el seno del CAU.
En respuesta a esta iniciativa, el Defensor del Pueblo Andaluz explica en su resolución que "algunas universidades no se han mostrado partidarias de consensuar normas a nivel andaluz o bien consideran que no existe fundamento jurídico para ello". E incluso, añade que por parte de una universidad que aplica el criterio de la nota de corte como requisito de admisión de la solicitud de traslado se ha puesto de manifiesto que "lo contrario equivaldría a un fraude de ley".
En este sentido, además, la Defensoría expone que en la reunión de coordinación que celebró el pasado marzo con las Defensorías universitarias, se ponían de manifiesto "ciertas disfunciones que continúan apreciándose como la disparidad de criterios empleados (como baremar la nota de acceso o la del expediente académico universitario), o que no se tenga en cuenta el cupo de acceso de procedencia del estudiante (por ejemplo por el cupo de mayores de 25 años, de modo que no pueden participar en el proceso)".
De este modo, el Defensor asegura que "pese a las dificultades puestas de manifiesto" al respecto por las instituciones académicas, "debe seguir insistiendo en la necesidad de dotar de seguridad jurídica y transparencia a los procesos de traslado de expediente".
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