SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesus Maeztu, ha pedido a la Intervención General de la Junta información sobre las incidencias planteadas en varias provincias en relación con la fiscalización de las ayudas al alquiler de vivienda, cuyos pagos llevan un "excesivo retraso".
En una resolución, consultada por Europa Press, la oficina recuerda que está tramitando de oficio la queja 15/5618, ante las "numerosas quejas" recibidas por los retrasos en la convocatoria de ayudas al alquiler para el año 2015, regulada por la Orden de 15 de marzo de 2015, de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Ha precisado que estas personas "muestran su indignación y desesperación ante el excesivo retraso en la conclusión definitiva de esta convocatoria". Asimismo, algunos han denunciado también las varias veces que han sido requeridas para aportar documentación "sin que tuvieran información alguna de cuándo se iba a resolver de forma definitiva su solicitud, dada la falta de información por parte de los órganos gestores de la misma".
Ha recordado que estas ayudas están dirigidas a personas "con una situación económica precaria, en situación de especial vulnerabilidad, que esperan la ayuda como la única posibilidad que les va a permitir hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o a poder acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna ya que se podrían ver abocados a un procedimiento de desahucio, a vivir en la calle, en condiciones de hacinamiento o en viviendas precarias".
Por tanto, destaca que "se trata de ayudas destinadas a permitir que determinadas personas puedan satisfacer su derecho de acceso a una vivienda o bien, su derecho a no perderla y poder disfrutar una, de manera que, cualquier retraso en el pago de estas ayudas, con el indiscutible y grave perjuicio que se ocasiona a las personas beneficiarias provisionales, y las situaciones dramáticas que se esconden tras las distintas solicitudes, desvirtúa la intencionalidad y finalidad última que persigue el legislador con éstas".
Ha recordado que el 30 de mayo de 2016 la oficina formuló a la Secretaría General de Vivienda una resolución consistente en varias recomendaciones y sugerencias, entre las que se pedía que "se proceda a la inmediata resolución definitiva de los expedientes de ayuda al alquiler que aún se encuentran en trámite y se publiquen las correspondientes listas definitivas de personas beneficiarias, debiéndose proceder a continuación, a la tramitación del pago y abono efectivo de las mismas, a la mayor brevedad posible y sin dilaciones indebidas".
Ante esa petición, la Consejería les respondió que "es prioridad la inmediata resolución de estas ayudas", de manera que "una vez baremadas y revisadas las solicitudes, las propuestas de resolución definitiva han sido enviadas a las intervenciones provinciales para la fiscalización previa a la resolución definitiva".
La Consejería de Fomento y Vivienda explicó que en las distintas provincias "difiere la situación respecto de la fiscalización, estando más avanzada en Córdoba, que fue resuelta favorablemente con fecha de 17 de junio, lo que ha permitido iniciar el procedimiento de pago, esperando que en las provincias de Cádiz y Huelva, el trámite de fiscalización permita la emisión de la resolución definitiva en los próximos días, mientras que en Sevilla y Jaén está pendiente de respuesta por parte de su Intervención, y en Málaga, Almería y Granada, se han manifestado incidencias por parte de sus intervenciones provinciales que es preciso solventar".
La Consejería añadió que "con el fin de evitar distintas situaciones en las provincias, se ha mantenido contacto con la Intervención General si bien están pendientes de resolver algunas cuestiones planteadas".
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado información a la Intervención General de la Junta, en especial, sobre las diferencias en la actuación de las diferentes intervenciones provinciales en la fiscalización de las ayudas al alquiler de vivienda sobre la convocatoria de 2015, "con especial mención de las incidencias planteadas por las intervenciones provinciales de Málaga, Almería y Granada".
Asimismo, el Defensor reclama que se comunique "cuáles son las cuestiones planteadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, a fin de evitar situaciones distintas y diferencias entre las provincias, en el trámite de fiscalización de estas ayudas, así como la resolución que finalmente se adopte respecto de las mismas, así como cualesquiera otras cuestiones que pueda resultar de interés".
