SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo Español, María Luisa Cava de Llano, ha apoyado la instalación de videocámaras en los calabozos de Sevilla "y en todas las dependencias" en las que permanezcan los detenidos al objeto de "garantizar" los derechos de éstos últimos "y de los propios funcionarios y personal que presta su servicio en las instalaciones".
Así ha respondido la Defensora del Pueblo al escrito presentado por el Grupo 17 de Marzo, que solicitó la intervención de esta institución por considerar que las dependencias judiciales de los edificios del Prado de San Sebastián y del Noga "resultan inadecuadas" para la prestación del servicio público para el que están destinadas, manifestando su preocupación por las condiciones de los detenidos.
Tras ello, la Defensora del Pueblo realizó una visita el pasado mes de octubre de 2010 a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense y, tras ello, ha emitido un informe en el que dice que esta videovigilancia "sería necesaria" extenderla a todas las dependencias en las que permanezcan los detenidos, "incluido el garaje y la conducción hasta los calabozos, excepción hecha, lógicamente, de los cuartos de baño".
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aboga por realizar un estudio "sistemático" de las condiciones en las que se realizan dichas grabaciones, el tiempo de conservación de las mismas y las personas que pueden tener acceso a su visionado, "resultando igualmente procedente valorar la necesidad de que se comunique a los detenidos por el medio que sea que dichas grabaciones se están realizando".
REFORMA DE LOS CALABOZOS DEL PRADO
De igual modo, considera necesario reformar los calabozos de los juzgados del Prado de San Sebastián, ya que existen únicamente cinco celdas de unos 7,5 metros cuadrados, lo que "es claramente insuficiente teniendo en cuenta el volumen de ocupación de los mismos, de 25 a 30 detenidos diarios, habiéndose llegado a la cifra de 50 detenidos en un día".
Asimismo, interesa que las puertas con barrotes sean sustituidas por otras "que se estimen más convenientes, toda vez que los detenidos pueden utilizar los barrotes horizontales de las mismas para intentar autolesionarse o suicidarse", y pide "un espacio seguro" para guardar las pertenencias de los detenidos.
Igualmente, solicita que los presos y detenidos sean trasladados desde los calabozos a los juzgados "de la manera más directa y privada posible", y no como ahora, que los traslados "se tienen que hacer por la calle en superficie y a la vista del público". Con ello, "se evitaría la coincidencia en los espacios comunes con otros ciudadanos o incluso las posibles víctimas".
Este informe ha sido trasladado al consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, aunque "hasta la fecha esta institución no ha recibido respuesta a la indicada solicitud de información".
