Antes del 1 de abril, la Junta contratará 500 técnicos, que determinarán el nivel de dependencia las personas que lo soliciten
SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las personas con mayor grado de dependencia, que serán las primeras en poder demandar la baremación para beneficiarse de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, podrán remitir sus solicitudes a partir del próximo mes de abril, y aunque de momento no está establecida la fecha concreta, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, anunció hoy que el plazo se abrirá entre el 1 de abril y el 23 del mismo mes.
En declaraciones a los periodistas, Navarro apuntó que el día 22 de abril se cumplen tres meses de la aprobación del Consejo Territorial de Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, plazo máximo para aprobar la baremación que determinará el grado de dependencia de cada persona. Asimismo, indicó que en las próximas semanas se producirá una nueva reunión de este órgano, --conformado por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local--, "en la que se cerrará el baremo, se conocerá la intensidad de los servicios, así como la cuantía económica que el Gobierno central va a destinar".
De este modo, según precisó, a partir del día 23 de abril, como máximo, --ya que la fecha puede adelantarse pero no atrasarse--, las personas con gran dependencia podrán remitir sus solicitudes a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos o a las delegaciones provinciales. Seguidamente, les será fijada una fecha para realizar una baremación de su nivel de dependencia, para posteriormente serles aplicado el Plan Individualizado de Atención (PIA), en el que se fijarán los servicios y ayudas que se otorgarán a cada persona.
La titular del ramo indicó que para hacer frente a estas demandas, la Junta contratará antes del próximo 1 de abril a 500 técnicos, que se unen a los 268 trabajadores sociales ya contratados gracias a un acuerdo del Gobierno andaluz con los ayuntamientos.
Para informarles del desarrollo de la ley, Navarro mantuvo hoy una reunión con los responsables de los ayuntamientos andaluces de más 20.000 habitantes y de las diputaciones provinciales, en la que comunicó que la Comunidad desarrollará un modelo "muy descentralizado" para la aplicación de la ley, por lo que les rogó su colaboración "para que esta normativa se pueda desarrollar con todas las garantías".
En este sentido, la consejera aseveró que los servicios comunitarios de los ayuntamientos se convertirán en la "puerta de entrada" al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía, correspondiendo a éstos "el inicio y la construcción del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, una vez haya sido solicitada por la persona afectada".
ÓRGANOS DE VALORACIÓN
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social creará en cada una de sus delegaciones provinciales los órganos de valoración, que serán los encargados de evaluar el grado y la situación de dependencia. Para ello, dispondrá de profesionales en las 209 zonas de Trabajo Social de Andalucía, que se desplazarán a los domicilios de los solicitantes para valorar su estado.
La Junta prevé destinar en 2007 más de 30,5 millones de euros a reforzar los Servicios Sociales Comunitarios y ampliar el Servicio de Ayuda a Domicilio que gestionan los ayuntamientos, dos de los pilares de la mencionada ley. En total, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social tiene previsto en sus presupuestos para este año una dotación inicial de 128 millones de euros para la puesta en marcha de la ley, lo que permitirá, entre otras cosas, incrementar en más de 4.000 plazas la atención residencial para personas mayores y en más de 2.500 plazas la atención diurna.
Para la preparación de la puesta en marcha de esta ley, Igualdad y Bienestar Social ya ha invertido más de 8,5 millones de euros en la contratación de 264 profesionales a fin de reforzar el dispositivo de información y asesoramiento de los Servicios Sociales Comunitarios, ha firmado convenios con más de 40 ayuntamientos para la dotación de equipamiento en las Zonas de Trabajo Social y ha organizado nueve sesiones formativas en dichas Zonas en las que han participado más de 350 profesionales.
En Andalucía, se estima que en el primer año de vigencia de la nueva ley habrá entre 36.000 y 42.000 personas en situación de gran dependencia que se beneficien de la atención y los servicios incluidos en la nueva normativa.
