La Diputación y CaixaBank firman un protocolo sobre la financiación de las VPO del Programa Sevilla 2030

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el director territorial de CaixaBank Andalucía, Juan Ignacio Zafra Becerra, han firmado un protocolo general de actuación para facilitar a los ayuntamientos la financiación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Programa Sevilla 2030. El acuerdo establece un marco de colaboración que permitirá estudiar cada proyecto y facilitar su financiación, adaptándose a las necesidades de cada municipio.

Según ha informado la institución provincial en una nota, estas subvenciones, aprobadas en el Pleno del 27 de noviembre, permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o alquiler, distribuidos en 31 promociones y 37 municipios, con una aportación de la Diputación de 69,3 millones de euros. La institución financiará la mitad de las viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros, y aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá superar los 115.000 euros. El resto de la financiación corresponderá a los ayuntamientos, que podrán gestionarla gracias al acuerdo con CaixaBank.

Fernández ha destacado en este sentido la "importancia del respaldo" de CaixaBank y ha subrayado que "esta firma es un paso clave para estar a la altura de lo que la ciudadanía y los jóvenes nos demandan: instituciones públicas y financieras unidas para garantizar el acceso a la vivienda". Además, ha añadido que la Diputación continuará implementando medidas para que el programa llegue a todos los municipios que deseen incorporarse, reforzando la solvencia y confianza de las iniciativas.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank ha resaltado "el compromiso de la entidad" con Sevilla y Andalucía, asegurando que este tipo de acuerdos "permiten ofrecer soluciones financieras de colaboración público-privada que responden a las necesidades reales de la ciudadanía". El protocolo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la creación de una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año, consolidando el compromiso de ambas instituciones con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.