SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha solicitado que el Corredor Verde del Guadiamar, promovido tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero del municipio, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); sea declarado como parque natural para garantizar su protección y "que sirva de cambio de modelo económico para la comarca".
El colectivo ha señalado que ya en 1996 se reclamaba la creación de un corredor ecológico en el Guadiamar para "que cumpliese una función de interconexión entre los ecosistemas de Doñana y Sierra Morena"; extremo materializado años después por la Junta de Andalucía, tras el gran desastre medioambiental derivado de la rotura de la balsa de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, con el consiguiente vertido de los mismos a la cuenca del Guadiamar.
En ese sentido, los ecologistas han rechazado una vez más la reapertura de la mina a manos de Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis.
En este marco, y coincidiendo con el 26 aniversario de la catástrofe de la mina de Aznalcóllar, Ecologistas en Acción ha apostado por "blindar el Guadiamar como espacio protegido, ya que su calificación ambiental como paisaje protegido resulta muy insuficiente".
ABARCAR EL CAUCE COMPLETO DEL RÍO
"Para que el espacio protegido cumpla sus funciones, hay que ampliar el ámbito territorial, reforzar la conexión norte del Guadiamar, incluyendo el cauce completo del río en el futuro parque natural, hasta su nacimiento en el Castillo de Las Guardas, manteniendo la conexión oeste del actual paisaje protegido, ampliar a todos las áreas forestales y de dehesas, contiguas al río, antes que acaben transformándose en cultivos".
Según defienden los ecologistas, "dehesas y montes del Castillo Las Guardas, El Garrobo, Gerena, Aznalcóllar y Sanlúcar supondrían unas superficies de entidad que garantizarían el papel de corredor del río y que el espacio adquiera valor en sí más allá de esa función de corredor, permitiendo el desarrollo de actividades socioeconómicas vinculadas a la conservación y renaturalización del espacio y de producciones agropecuarias y forestales ecológicas diferenciadas de mayor valor añadido".
"MÁXIMO GRADO DE PROTECCIÓN"
Piden así "establecer el máximo grado de protección de este espacio que tanto costó recuperar para que se convierta en el gran vertebrador socioambiental de la comarca, manteniendo las actividades de uso y educación ambiental que se han demostrado compatibles pero eliminando todas aquellas otras que están limitando su potencial".
Se trataría, según resumen, de "un parque natural que permita un nuevo modelo económico basado en la conservación de la naturaleza, que desplace a la minería y la agroindustria como único referente de desarrollo en la comarca, que incluya el cierre definitivo de las minas de su entorno como principales amenazas para la salud de personas y ecosistemas", toda vez que la Junta de Andalucía destaca de su lado el papel de la minería en la economía regional y en el empleo de la comunidad autónoma.
