Ecologistas y Podemos alegan contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar por su contaminación

Avisan que se va a "envenenar" el río y de la ocultación de un "incremento del vertido tóxico hasta 4.000 millones de litros al año"

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones ecologistas, como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción, junto a Podemos, Equo, Los Verdes y diversas asociaciones vecinales, han formulado alegaciones al nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera.

Así lo han anunciado dichas entidades sociales y políticas este viernes, último día del periodo de información pública del proyecto de explotación de recursos de la Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes", según la Delegación Territorial de las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla.

La reapertura de la mina, recordémoslo, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Frente a ello, Ecologistas en Acción ha advertido de que el proyecto cuenta con un "punto de vertido tóxico en Santiponce, en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación protegida por la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla, frente al estadio de la Cartuja".

"INCREMENTO DEL VERTIDO TÓXICO"

Según los ecologistas, la empresa planteaba en principio "un vertido contaminante inicial al Guadalquivir de 17.520 millones de litros a completar en 18 meses"; además de "un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 2.600 millones de litros anuales, durante los 17 años de operación de la nueva mina"; si bien el dictamen ambiental aprobado por la Junta de Andalucía "incrementa el vertido tóxico operacional hasta los 4.000 millones de litros anuales, sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública".

"Esta ocultación del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir justifican sobradamente la necesidad de un nuevo trámite de información pública", enfatizan los ecologistas, según los cuales "el vertido tóxico de 85.520 millones de litros amparado por el dictamen ambiental para 18 años y medio envenenará todo el Estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad".

Además, los colectivos ecologistas avisan de que el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU y que defiende el proyecto a cuenta de su impacto en el empleo, "ha incumplido en este procedimiento minero sus obligaciones de información, participación pública y transparencia, no publicando hasta el 24 de enero los obligados anuncios"

EL JUICIO PENAL POR LA ADJUDICACIÓN

De otro lado, Ecologistas recuerda que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, quien forma grupo con un edil de IU compañero del alcalde de Aznalcóllar, ha manifestado que el proyecto "llevará los niveles de contaminación fluvial a un punto de incompatibilidad con la salud y la seguridad de la ciudadanía, al tiempo que incidirá negativamente en actividades productivas vinculadas al cauce del Guadalquivir como el turismo, la agricultura, la ganadería, la pesca o la conservación de espacios naturales de alto valor".

MOCIÓN EN EL PLENO

Además, ha señalado que el pleno hispalense aprobó una moción suya en demanda de la realización de un informe municipal sobre la compatibilidad del planeamiento urbanístico con las instalaciones y la actividad del vertido en la zona del punto de vertido; --precisando eso sí el Gobierno local del PP que el Ayuntamiento ya está obligado a ello--.

La moción, según Hornillo, incluía peticiones para "el incremento de las labores de control sanitario de las aguas del Guadalquivir con un dispositivo municipal que, en colaboración con organizaciones ecologistas, emita informes semanales de toxicidad que incluyan de forma detallada la presencia de metales pesados en sus analíticas y realice estudios del impacto de los vertidos en los suelos, la fauna y flora de las zonas bañadas por el Guadalquivir, especialmente en la dársena del río".