SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha constituido hoy una plataforma nacional de afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa y baraja la posibilidad de llevar a cabo medidas de presión social con objeto de reclamar los derechos de los consumidores.
En rueda de prensa, el portavoz de la federación, Rubén Sánchez, exigió al Instituto Nacional del Consumo a esclarecer las medidas de inspección que se han desarrollado sobre estas empresas en los últimos años, así como el por qué no se alertó a los consumidores de sus irregularidades.
De la misma forma, concretó que "en estos momentos" se están estudiando las acciones legales a emprender "de forma conjunta" por todos los afectados, de forma que Facua ha puesto a disposición una página web www.facua.org/filatelia, una dirección de correo electrónico filatelia@facua.org y el número de teléfono 902 110 902 para todos los interesados.
Igualmente, Sánchez culpó al Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero de todo lo ocurrido, puesto que consideró que el Ejecutivo "carece de un Ministerio de Consumo, de políticas de consumo y de protección para todos los consumidores". "Los mecanismos de control son ineficaces y, a pesar de no sorprendernos lo que está sucediendo, nos parece lamentable", remarcó.
A su juicio, "no es de recibo que el control de las sociedades que comercialicen bienes tangibles corresponda a las comunidades autónomas", de modo que indicó que para el Gobierno "los consumidores representan un cero a la izquierda".
Además, reclamó "por vía urgente" al Ministerio de Sanidad una ley que regule la inversión de este tipo de bienes, de modo que sea desarrollada con la participación de todas las federaciones de consumidores, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. "Este grave caso es una nueva consecuencia de la inexistencia en España de un auténtico Ministerio de Consumo y un interés real por parte de las comunidades de desarrollar unas políticas de consumo con mayúsculas", dijo el portavoz, quien aseguró que "políticas que garanticen el desarrollo de normas eficaces, con dotaciones económicas suficientes para mantener servicios de inspección y con más medios técnicos y humanos no existen en este país".
De este lado, la Federación pidió al Instituto Nacional del Consumo (INC) que explique si en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones inspectoras sobre éstas y otras firmas del sector de las inversiones en bienes tangibles o si, por el contrario, se ha producido una "dejación de funciones" por parte de las autoridades de Consumo.
Por su parte, desde los servicios jurídicos de Facua se remarcó la "precaria regulación" de este sector, lo que provoca un "mayor nivel de desprotección de los consumidores". Así, la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, que regula estas actividades, "ni siquiera recoge la obligación de que las empresas cuenten con fondos propios o avales que aseguren el cumplimiento de los contratos suscritos con sus clientes".
Finalmente, "al no tratarse de valores que coticen en mercados regulados, la normativa tampoco prevé que este tipo de inversiones estén bajo el control y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España ni la Dirección General de Seguros".
