Los exalcaldes y técnicos investigados se desligan del "sueldo indebido" en la Mancomunidad Guadalquivir

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha tomado este pasado miércoles declaración como investigados a varios responsables de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y tres exalcaldes socialistas por su papel como antiguos presidentes de la misma, en las diligencias relativas al caso de un funcionario que habría podido "cobrar indebidamente" unos 240.000 euros en los últimos diez años por ejercer funciones ajenas a su categoría.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, en primer lugar comparecieron los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno; quienes habrían manifestado que a ellos no les correspondía el control de la legalidad ni del importe de las cantidades abonadas a la plantilla. Así, se habrían remitido a la labor de los gerentes, recordando que la Mancomunidad cuenta con un gabinete jurídico y sus propios departamentos de Personal y de Recursos Humanos, encargados de velar por que se cumplan las normas en materia de salarios. En cualquier caso, los tres habrían manifestado desconocer las cuantías salariales objeto de investigación.

Después habrían declarado los exgerentes de la Mancomunidad Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M., quienes habrían defendido que desde su cargo no eran competentes para decidir el montante y ejecutar el abono de las cantidades salariales, lo que les habría llevado a alegar que desconocían también los aspectos indagados, señalando la figura del secretario interventor de la entidad como la competente para vigilar y controlar tales cuestiones.

LAS COMPETENCIAS

Fernando D.D., jefe del gabinete jurídico de la entidad, habría esgrimido de su lado que los aspectos de nóminas no figuraban entre sus competencias, sino que corresponderían a las áreas de Personal, Recursos Humanos y Económica. Según habría precisado, él sólo actuaba si algún departamento le requería algún informe jurídico, extremo que no habría sucedido con relación al sueldo objeto de las actuaciones.

Del mismo modo, el responsable del área Económica de la Mancomunidad, Antonio R.F., habría alegado que su función se limita a ordenar y ejecutar los pagos salariales, pero no le compete evaluar si el montante de las nóminas es correcto o no.

Finalmente, habría declarado además Domingo G.M. como "trabajador beneficiado" supuestamente por los hechos denunciados. Él habría asegurado que con relación a las cuantía que cobraba, "no sabía" cuánto percibían sus compañeros de su misma categoría; defendiendo en paralelo que su sueldo estaba establecidos por la normativa salarial acorde a su categoría.

Según su versión del asunto, él suponía correctos sus emolumentos al ser los mismos ordenados por el área competente de la empresa, toda vez que según un informe del secretario de la entidad, este funcionario con categoría de conductor de recogida en el Ayuntamiento de Bormujos e incorporado después a la Mancomunidad en tal condición, habría acabado "desempeñando funciones propias de inspector de servicios" y "ha podido cobrar indebidamente" unos 240.000 euros en los últimos diez años.

EVITAR UN "ENRIQUECIMIENTO INJUSTO"

Según dicho informe, este funcionario "ha desempeñado, aun careciendo de título habilitante, funciones de categoría superior y debe cobrar por ello" para que no se incurra en un "enriquecimiento injusto" en favor de la administración. No obstante, el secretario señala en su informe el necesario "cese" de este funcionario en las funciones de inspector de servicios de la Mancomunidad al no reunir "los requisitos académicos precisos" para ello.

En su informe, el secretario de la Mancomunidad señalaba así la "gravedad de los hechos" porque podrían constituir un "supuesto de responsabilidad contable", anunciando una auditoría sobre el asunto.

Esta causa judicial deriva de una denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Según la denuncia, el trabajador Domingo G.M. "desde hace más de diez años" viene cobrando "emolumentos salariales indebidos" por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo el citado informe del secretario de la entidad emitido en abril de 2020, según el cual Domingo G.M. habría "desempeñando funciones propias de inspector de servicios" y "ha podido cobrar indebidamente" unos 240.000 euros en los últimos diez años.