Declara como testigo en el juicio por las ayudas al corcho en una "situación especial" al estar encartado en otras piezas
SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
Entre otros testigos, este martes ha comparecido en tal condición el exgerente provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla Enrique Rodríguez Contreras, otrora investigado en esta pieza separada de los ERE pero respecto al cual fueron finalmente sobreseídas las actuaciones, como ha recordado el magistrado presidente del tribunal, Carlos Lledó.
Empero, y como ha precisado el magistrado y ha reconocido Rodríguez Contreras, el mismo sí figura como "investigado o acusado" en otras piezas separadas de esta macrocausa. En enero de 2021, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis, José Ignacio Vilaplana, abría juicio oral contra 30 personas por el supuesto carácter arbitrario de ayudas por valor de unos 22,17 millones de euros librados por la Junta de Andalucía para diferentes sociedades de la comarca sevillana de la Sierra Norte, figurando Rodríguez Cotreras entre los encartados.
Dado el caso, y por su "situación algo especial", Rodríguez Contreras ha testificado asistido por su abogado, con la posibilidad además de declinar responder preguntas que entendiese que pudiesen afectar a su situación en las causas judiciales actualmente vivas en su contra.
A preguntas de la fiscal del caso, Rodríguez Contreras, gerente provincial del antiguo IFA entre 2002 y 2004, ha explicado que dos de los acusados, en concreto Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE; y el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, le visitaron para solicitar "información" sobre un posible respaldo institucional para la actividad empresarial del sector del corcho.
AYUDAS "INCOMPATIBLES"
Él les explicó, según ha rememorado, que el IFA contaba con dos líneas de subvenciones relacionadas con la materia pero que finalmente resultaban "incompatibles" para la citada actividad; trasladándoles además que la Consejería de Empleo contaba con otra línea como tal de ayudas sujetas al "criterio de industria".
Eso sí, a preguntas específicas de la fiscal, ha precisado que él no tenía "ningún tipo de información del tipo de ayudas" finalmente cosechadas por las empresas del sector del corcho de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla e investigadas en esta pieza separada de los ERE.
A tal efecto, recordemos que recientemente, el exconsejero socialista de Empleo José Antonio Viera testificaba en este mismo juicio, con relación a los fondos librados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda" de los empresarios, bajo la premisa de que estas medidas estaban incluidas en el acuerdo de concertación social firmado entre la Junta, la patronal y los sindicatos.
Finalmente, Rodríguez Contreras ha manifestado que como gerente provincial del IFA, recibía "muchísimas visitas, a diario", de empresarios que solicitaban información o consultaban diversos aspectos.
LA CAUSA DEL SECTOR DEL CORCHO DE LA SIERRA NORTE
Los acusados, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
PENAS DE CÁRCEL
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.
No obstante, todos los acusados se han declarado inocentes ante el tribunal del juicio, que en la segunda sesión accedía a sus peticiones de declarar tras las pruebas testificales y periciales en lugar que antes de las mismas.
