SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La familia de la joven Ana María Barroso Albarrán --fallecida en el derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense y que causó cinco víctimas mortales--, que pasa por dificultades económicas debido a que la ayuda económica comprometida por el Ayuntamiento se tramitó como subvención, señaló hoy que las declaraciones del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) --dijo que esa fórmula "no fue la que yo quería, sino la que me aconsejaron--, les "da la razón".
La madre de la joven y presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias creada después del suceso, Ana Albarrán, señaló a Europa Press que, asimismo, la familia insta al regidor a que se "responsabilice" del error cometido y se "subsane de la mejor manera moral y política", con el inicio de las gestiones oportunas.
A juicio de Albarrán, Monteseirín debía haber avisado a la familia sobre las consecuencias que podía traer esa ayuda, "y no arrastrarnos a ella sólo por quedar bien con los socios de gobierno". "Si acepta que hubo un error, ¿por qué no lo subsana y por qué nos ha tenido todos estos años paseándonos?", se preguntó.
"Han estado jugando con nosotros, me siento totalmente engañada", confesó la madre de la joven, que apostilló que todo lo ocurrido le hace sentirse "muy cansada del enorme daño psicológico que nos ha causado". "Por lo menos ha servido para que en casos como Hytasa no pase lo mismo", concluyó.
En una entrevista concedida a Europa Press, Monteseirín recalcó que desde primera hora su voluntad de atender a las familias de las víctimas, a todos los niveles, fue "evidente", si bien la ayuda tuvo que ser encauzada "de una determinada manera desde el punto de vista jurídico, que fue la que me aconsejaron".
El Consistorio, de otra parte, admitió recientemente a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la familia de la joven, que dio cuenta de la "ruina" que ha causado en su hogar la ayuda proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla, y que ha propiciado que Hacienda les reclamara un montante de unos 40.000 euros por haber sido la indemnización declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.
Y es que la vertiente judicial dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", señaló la madre de la joven, que culpó al Consistorio de lo sucedido, institución a la que la familia ha denunciado judicialmente por lo que consideran una ayuda "engañosa" y "estafadora".
