SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de lo Social han fijado, entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, un total de seis vistas orales para resolver las demandas promovidas por seis prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, que dirigen a título individual sus acciones judiciales para reclamar los compromisos de financiación de sus rentas. El Juzgado de lo Social número ocho, como se recordará, había recogido la demanda formalizada por el grueso de prejubilados de este expediente de regulación de empleo cuyas rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de su financiación.
En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado de lo Social número nueve ha señalado para el 23 de mayo de 2012 la vista oral correspondiente a una de estas demandas, mientras el juzgado de lo Social número diez ha hecho lo propio el 18 de septiembre de 2012. El juzgado de lo Social número cinco, de su lado, ha fijado para el 13 de noviembre el juicio por una de estas demandas y el juzgado número uno ha señalado el 10 de diciembre de 2012 otra vista oral por la cuarta de estas demandas.
JUICIOS HASTA EN 2013
Ya en el año 2013, el juzgado de lo Social número siete ha señalado para el 7 de febrero la vista oral relativa a la quinta demanda, mientras el juzgado de lo social número tres ha fijado para el 13 de septiembre de tal año el último de los juicios. Estas demandas, en todos los casos, se dirigen contra la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, y la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente Generali), en su calidad de entidad aseguradora del procedimiento.
El grueso de prejubilados del ERE de 2007, un total de 34 personas en concreto, había elevado por su parte a los juzgados de lo Social una demanda de la mano del comité de empresa de Mercasevilla. Esta demanda común, recogida por el juzgado de lo Social número ocho, carga contra la propia sociedad gestora del mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora 'Vitalia Vida'.
EL ERE DE 2007. MERCASEVILLA, LOS PREJUBILADOS Y GUERRERO
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de la lonja, supuso la prejubilación de 40 empleados. Las indemnizaciones o rentas de estos extrabajadores han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a una investigación judicial a manos de la juez Mercedes Alaya.
En concreto, aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución". La Consejería de Empleo, así, reconoce la validez del procedimiento, aunque niega cualquier compromiso de financiación con las prejubilaciones comprendidas en el ERE.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El ERE de 2007, cabe precisarlo, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos. En este expediente de regulación de empleo, en concreto, fue descubierta la prejubilación de un miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en Mercasevilla, toda vez que Francisco Javier Guerrero es uno de los principales imputados en esta causa, dado su papel al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
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