SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha incoado diligencias previas de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) donde pedía a la Fiscalía que abriera diligencias ante posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal, a raíz de las irregularidades recogidas por la Cámara de Cuentas en un informe sobre la contratación de personal en consorcios, como las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) o los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).
En una nota remitida a Europa Press, el SAF ha precisado que la Fiscalía ha designado para su tramitación al fiscal correspondiente.
Según el decreto de apertura de diligencias, "el fiscal designado deberá llevar a cabo aquellas actuaciones que estime conveniente y dentro del plazo legalmente previsto a contar desde esta fecha de incoación, un informe-propuesta para que pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal".
El SAF presentó un escrito al fiscal superior de Andalucía para solicitar esta apertura de diligencias de investigación ante las irregularidades recogidas por la Cámara de Cuentas en el 'Informe de Fiscalización Horizontal de la gestión de las ayudas de la Junta de Andalucía' sobre la contratación de personal en consorcios como las Utedlt o los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).
En este informe, correspondiente a los ejercicios de 2010 a 2012 y aprobado el pasado 15 de enero de 2014, la Cámara advierte en las conclusiones del documento que "no ha sido posible obtener documentación relacionada con la adecuación en la selección del personal, con la actividad desarrollada y sobre la gestión económica". Además añade que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo".
El informe de la Cámara agrega que "en los expedientes no constaba la documentación preceptiva para el procedimiento de selección, esto es, en un 48 por ciento de los expedientes, la presentación de la oferta genérica; en un 21 por ciento, que las contrataciones se hubieran realizado entre personas demandantes de empleo; y en un 48 por ciento, la preceptiva convocatoria pública".
El informe finaliza diciendo que "estas deficiencias han provocado que no se pueda concluir sobre la adecuación del procedimiento seguido para la selección y contratación del citado personal".
SAF señala que el coste de personal "supone una cuantía total de 57.340.676 euros sólo en el periodo que transcurre desde 2010 a 2012, aunque los consorcios están operativos desde 2002". Apunta que "son más de 57 millones de euros en solo tres años que están destinados a sufragar los costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de los contratos, y precisamente, el personal técnico y administrativo de la estructura básica forman parte desde enero de 2009 de los CADE, adscritos a la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende".
En el escrito, SAF denuncia que este personal "continúa percibiendo retribuciones con cargo al erario público, a través de subvenciones, incluso aunque, tal y como afirma la Cámara de Cuentas en el informe, no consta convocatoria pública, oferta genérica o documentación preceptiva en la selección como exige la orden reguladora, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española".
El Sindicato muestra su "satisfacción" ante la respuesta del fiscal superior. SAF espera que "se esclarezcan los hechos, se investiguen posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal y se puedan depurar responsabilidades al respecto".
