Gobierno plantea a Junta conflicto negativo de competencias ante el TC por la gestión del Fondo Estatal para el Empleo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha planteado al andaluz conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional en relación con determinadas actuaciones vinculadas a la gestión del denominado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local toda vez que la comunidad autónoma no ha atendido los requerimientos previos formulados.

Así consta en las referencias aprobadas este miércoles en el Consejo de Ministros, que también recogen que el planteamiento ante el Constitucional se hace previo dictamen favorable del Consejo de Estado. Además de al Gobierno andaluz, el Ejecutivo ha planteado sendos conflictos negativos de competencias a Cataluña y a Canarias.

El Consejo de Ministros de 28 de febrero de este año ya acordó formular requerimientos previos al conflicto negativo de competencias, que han sido rechazados por las tres comunidades autónomas, concretamente, Andalucía lo rechazó el 3 de abril.

Así, señalan que, en consecuencia, y desatendidos los requerimientos previos formulados, el Consejo de Ministros plantea este miércoles el conflicto negativo de competencias a los gobiernos de estas tres regiones, de conformidad con los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica, del Tribunal Constitucional, del 3 de octubre de 1979.

El Real Decreto Ley del 26 de octubre de 2009 creó el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, centralizando en órganos de la Administración General del Estado la gestión, administración, dirección y control del fondo al objeto de sufragar servicios sociales de competencia municipal. Este fondo, por tanto, fue un mecanismo creado por el Estado para otorgar a los ayuntamientos subvenciones o ayudas para la realización de proyectos que generaran empleo y actuaciones que tuvieran en cuenta la sostenibilidad social.

Pero el mencionado Real Decreto Ley fue recurrido por la Generalitat de Cataluña y el Tribunal Constitucional, en junio de 2012, declaró la inconstitucionalidad de la gestión centralizada de las ayudas previstas en el fondo, obligando a la Administración General del Estado a territorializar por Comunidades Autónomas las subvenciones pendientes de ejecución en el momento de dictarse sentencia.

En cumplimiento de aquella sentencia, las Comunidades Autónomas asumieron la gestión de los expedientes en curso al momento de dictarse, salvo Andalucía, Canarias y Cataluña. Con estas comunidades se ha intentado la vía de la colaboración para que, de conformidad con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, asumieran la gestión de los expedientes de su competencia; pero las tres pusieron objeciones y, más recientemente, tampoco han dado resultado los requerimientos previos planteados hace dos meses.

Agotadas todas las vías de colaboración previstas, el Gobierno plantea el conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional con las tres que, al contrario que las demás, siguen sin asumir la gestión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local tal y como estableció en 2012 el Tribunal Constitucional.