Dice que seguirá con escrúpulo los derechos que asisten a la paciente y que se puede estar ante una limitación del esfuerzo terapéutico
SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud, María Jesús Montero, estimó hoy que el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía referido a si en el caso de Inmaculada Echevarría se está o no ante una limitación del esfuerzo terapéutico, extremo que recoge como derecho la Ley de Autonomía del Paciente, podrá estar en un plazo "de entre 30 y 60 días".
Montero se refirió así a la petición que el propio Gobierno andaluz ha elevado al máximo órgano consultivo de la comunidad, después de que el Comité Autonómico de Etica e Investigación Sanitaria haya avalado por unanimidad de todos sus miembros, incluido un jesuita, la petición de esta paciente ingresada en el Hospital San Rafael de Granada de que la desconecten del respirador que la mantiene con vida.
En concreto, este Comité de Ética ha resuelto que la solicitud de esta paciente "puede encuadrarse" en lo que se considera "un rechazo del tratamiento", por lo que se estaría ante un caso de limitación del esfuerzo terapéutico, según publica hoy el rotativo El País.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, la titular andaluza de Salud quiso dejar claro en todo momento que desde su departamento se están dando "todos los pasos tanto jurídicos como éticos" sobre este caso, al objeto de garantizar "que realmente tanto los profesionales sanitarios como el propio Gobierno andaluz están siguiendo con absoluto escrúpulo los derechos que asisten a la paciente".
Montero, que reconoció que en la actualidad su departamento "no conoce precedentes similares" a este caso en el conjunto del Estado, puntualizó, no obstante, que se trata "del derecho de una paciente a decidir libremente sobre su tratamiento, en este caso a interrumpir un tratamiento que la mantiene artificialmente con vida".
Preguntada sobre si una vez que se disponga del dictamen del Consultivo se podrá proceder a desconectar el respirador, Montero declinó, con todo, pronunciarse al respecto y conminó a esperar a la resolución del Consultivo en la medida de que su informe oriente en uno u otro sentido la decisión de la Junta, "ya que es para mayor seguridad jurídica de los profesionales".
De cualquier forma, indicó que, "en principio", el caso de Inmaculada "se puede encuadrar dentro de la limitación del esfuerzo terapéutico", un derecho, recordó, "reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, que ya está aprobada en el conjunto del territorio español". Pese a todo ello, insistió en que "habrá que esperar al dictamen del Consultivo para obrar en consecuencia".
BLINDAJE JURÍDICO
Preguntada también sobre si con el dictamen del Consultivo la Administración se 'blinda' ante una posible querella en los tribunales, caso de que se pronunciase en favor de la paciente, volvió a reiterar que esta resolución lo que otorga "es mayor seguridad jurídica" a los profesionales que tendrían que desconectar el respirador, previo paso de una sedación para que la enferma sufra lo menos posible --según recoge los protocolos sanitarios al efecto--.
En este caso, añadió, "se remitirían los dictámenes de la Comisión de Ética --que ya obra en poder de los médicos-- como el resultante de las deliberaciones del Consejo Consultivo".
En cuanto a la cuestión de que el Hospital San Rafael es un centro que dirige la orden hospitalaria San Juan de Dios, aunque concertado con el SAS, Montero explicó que el equipo asistencial que atiende a Inmaculada "pertenece al hospital del SAS San Cecilio de Granada y, por tanto, son profesionales del sistema sanitario público de Andalucía".
Preguntada en este punto sobre si llegado el caso tendría que trasladarse a la paciente al Hospital San Cecilio, también declinó pronunciarse al efecto, ya que, según dijo, "es precipitado anticiparnos a esa situación", por lo que volvió a remitirse a que su departamento "está a la espera de lo que dictamine el Consejo Consultivo".
Aún con todo, indicó que el sistema sanitario "tiene que garantizar los derechos de los pacientes y, por tanto, si se entiende que se trata de una limitación del esfuerzo terapéutico, el sistema sanitario está obligado a poner los medios adecuados para proceder a la solicitud de la paciente", por lo que la posibilidad del traslado de la paciente al San Cecilio quedaría abierta ante una posible negativa de la orden hospitalaria San Juan de Dios a llevar a cabo esta limitación en su centro.
Montero recordó que ante la solicitud de la propia paciente a su equipo asistencial y a la Consejería Salud se solicitó dictamen a la Comisión Autonómica de Ética, que está compuesta por expertos en materia de bioética, el derecho y la psicología, la cual acordó "que era ético acceder a la solicitud que planeaba la paciente".
"En este sentido se tenían que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que la paciente tiene capacidad de obrar, es decir, juicio suficiente para tomar esta decisión", prosiguió Montero, quien añadió que la decisión de Inmaculada tenía que ser "unívoca, firma, contundente, mantenida a lo largo el tiempo y libre de cualquier tipo de coacción o manipulación". Añadió, además, que la paciente dispone de información sobre las consecuencias que puede provocar la interrupción del tratamiento.
