El guardia civil acusado de facilitar datos a su excuñado en Sevilla alega que son "públicos" y niega el delito

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido este lunes, 23 de marzo, la primera sesión del juicio con jurado popular contra un guardia civil acusado de presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, de nombre Juan Luis, al estar acusado de "facilitar datos" relativos a distintos vehículos a su excuñado, también encausado y de nombre Francisco Javier, entre el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2023. En esta primera jornada, la representación procesal del agente ha insistido en que los datos facilitados "son públicos" y de "fácil acceso" a través de una "simple" consulta a la Dirección General de Tráfico (DGT), mientras que el Ministerio Público, en calidad de acusación, ha sostenido que se trata de información "íntima": "Si se tratase de datos públicos, ¿por qué iba Francisco Javier a hacer uso de la condición de su excuñado de Guardia Civil?", ha planteado el fiscal.

Ambos investigados, que mantenían una relación de amistad desde hace años incluso tras el matrimonio del segundo de ellos con la hermana del agente, que finalizó en el año 2005, se han sentado en el banquillo dado que, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, Juan Luis habría "consultado diferentes bases de tráfico" a las que tenía acceso por su cargo como agente de la autoridad "a cambio de beneficio económico". Por estos hechos, enfrenta una petición fiscal de siete años de cárcel.

Durante la presentación de alegaciones previas de las partes, el fiscal se ha dirigido a los miembros del jurado popular, conformado esta vez por nueve personas y un miembro más en calidad de suplente, y ha advertido de que las defensas de los encausados "intentarían alegar que los hechos no tienen relevancia penal" y que la información facilitada "no pertenece a la esfera íntima" de los afectados.

"¿QUÉ PENSARÍAN SI LES PASASE A USTEDES?"

Al respecto, el fiscal ha pedido reflexión por parte del jurado. "Imaginen que les pasa a ustedes, que son sus datos los que son facilitados, ¿Creerían entonces que no son datos que pertenecen a la esfera íntima?", ha cuestionado. Asimismo, ha recordado que "durante las actuaciones de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), los datos solicitados eran los referidos a las matrículas y otros relativos a los vehículos para poder identificar al titular". Además, respecto al delito de cohecho, ha hecho referencia a una icónica cita relativa a una conocida película de acción: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

En su intervención, el letrado de Juan Luis ha argumentado que la inhabilitación absoluta por un tiempo de seis años solicitada por la Fiscalía "es una medida excesiva" y "desproporcionada", mientras que, incide, la información que presuntamente su representado habría facilitado "es pública".

"Con tan solo una simple solicitud a la DGT y un pago de unos nueve euros se puede obtener esta información", ha expresado. Por ello, a juicio de la representación procesal de Juan Luis, los hechos deberían ser tratados a través de una "medida disciplinaria, dado que se trata más de una cuestión interna de la propia Guardia Civil que de una cuestión penal". Asimismo, ha indicado que la referida conducta no se correspondería con un delito de revelación de secretos, argumentado por el Ministerio Fiscal en calidad de acusación.

"No negamos que mi representado facilitase esta información", ha dicho. Según el letrado, el excuñado habría solicitado esta información a su amigo "por comodidad" y "por la confianza que mantienen tras una relación de amistad de años", si bien podría haberlo hecho a través de una consulta a la DGT. Por otro lado, ha negado que el agente "engañase" a sus compañeros para obtener estos datos ni que recibiese ningún tipo de remuneración económica.

"SIN PRUEBAS"

Por otro lado, el letrado de Francisco Javier, que ha pronunciado su alegación tras un breve despiste del magistrado que casi olvida el turno de palabra de este último, ha negado que su representado haya llevado a cabo conductas correspondientes con un presunto delito de cohecho activo al presuntamente haber solicitado información de vehículos a su excuñado.

A su juicio, estas peticiones "no se van a poder acreditar", dado que "más allá" de "mensajes coloquiales" entre "dos personas con una relación de confianza desde hace años", asegura, "no hay ningún elemento que pueda probar" los hechos por los que responde Francisco Javier. "La única decisión posible en este caso es el veredicto de no culpabilidad, que es precisamente lo que va a solicitar este letrado", ha concluido.

Cabe recordar que, según el Ministerio Público, la relación de confianza entre ambos hacía que el hombre "fuese consciente de que el Guardia Civil por razón de su cargo como agente de la autoridad tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico". A esas bases de datos, concreta, los agentes "solo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Así, el entonces cuñado realizaba "trabajos remunerados para una agencia de investigación. Para esa labor le interesaba conocer los detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como los titulares o matriculación ITV". Así, sabiendo que el agente que podía acceder a los mismos, le pidió estos detalles, según la Fiscalía, "a cambio de remuneración económica".

Prosigue, "siendo el agente consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello. De hecho, para tratar de ocultarse en varias ocasiones, acudió a otros compañeros agentes de Guardias Civiles, a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin ilícito último de los datos que le daban". No consta la cantidad de dinero que recibía por cada información que daba.

A juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos de presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y de cohecho activo. Así, el guardia civil responde en calidad de autor por presuntos delitos de cohecho pasivo y de delito de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que su entonces cuñado responde en calidad de autor por un presunto delito de cohecho activo.

En consecuencia, solicita para cada uno de los investigados la imposición de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho, mientras que para el guardia civil también pide tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.