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SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA da por "rotas" las posibilidades de llegar a acuerdos con el PSOE-A, socio de gobierno, sobre la reordenación del sector público, después de que el grupo de trabajo político constituido por miembros de las dos formaciones para analizar todas y cada una de las entidades, agencias y fundaciones "no haya sido fructífero".
Así se recoge en el documento que se debatirá este domingo en la Asamblea de Balance de IULV-CA, recogido por Europa Press, y en el que también se apunta que dicho estudio y reestructuración sí se ha realizado y llevado a cabo en las distintas agencias dependientes de las consejerías que ostenta IULV-CA.
La federación que dirige Antonio Maíllo considera, en cuanto a las agencias y entes instrumentales, que las decisiones políticas de los gobiernos centrales, gracias a las limitaciones a la función pública y a la reposición de efectivos que imponían las sucesivas leyes de presupuestos, le permitió a la Junta ir construyendo a lo largo de los últimos 20 años "una red de entes instrumentales".
Según explican, estos instrumentos resolvían el problema de la huida del derecho administrativo y daban la libertad de manejar los fondos públicos "sin los corsés presupuestarios ni los controles internos". En su opinión, permitían reducir las plazas de empleados públicos, según mérito y capacidad, para incrementar el número de empleados de empresas y fundaciones; y se entrelazaban intereses y fondos públicos "en un maremágnum de consorcios, fundaciones y similares, creando auténticos reinos de taifas".
IULV-CA señala también que tras la "reforma" de la Ley 1/2011 empresas y fundaciones son convertidas en agencias, a veces integrando también organismos de la administración. En su opinión, "las relaciones laborales internas son pésimas y eso redunda en la ineficiencia y en consecuencia la administración queda más debilitada, fortaleciendo a los entres instrumentales".
Todo ello, junto con el hecho de que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas diera por "finalizada" la reordenación del sector público, hizo que IULV-CA propusiera un grupo de trabajo político con el socio de gobierno que, finalmente, no ha tenido un resultado satisfactorio para la federación de izquierdas.
COMPROMISOS DEL ACUERDO DE GOBIERNO
De lo recogido en el acuerdo de gobierno en materia de función pública, IULV-CA destaca en el citado documento que la aprobación del Estatuto de altos cargos de la Junta con rango de ley, que contempla una carta de compromiso ético "no se ha hecho, pero está programado".
Seguidamente, señala que el desarrollo reglamentario de la Ley de Reordenación del Sector Público en Andalucía está "en punto muerto" y que la aprobación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de Andalucía "no se ha hecho", así como tampoco se ha definido un código ético del Servicio Público Andaluz.
En relación a la actitud del Gobierno del PSOE-A ante las sentencias del TSJA en materia laboral y de función pública, IULV-CA asegura que el 'modus operandi' de los gobiernos socialistas han sido "dar una patada hacia adelante y que ruede la bola" en los temas jurídicos que afectan a los empleados públicos.
"Así nos encontramos con miles de sentencia judiciales que son recurridas una y otra vez, hasta llegar al Tribunal Supremo, en la mayoría de los casos, dilatando los procesos sine die, lo que conlleva un enorme gasto para la administración en indemnizaciones y salarios de tramitación, así como un coste personal, económico y psicológico para los empleados públicos", señala IULV-CA.
En este contexto, la federación de izquierdas asegura haber contribuido a "desatascar o a abrir camino" a algunos casos, entre ellos, la oferta de empleo de 2003 con sentencias firmes del Tribunal Supremo del año 2012 y que obliga a la Junta a ejecutar sentencia, la jubilación a los 64 años del personal laboral VI Convenio, el concurso de traslados o el Decreto Ley 5/2013 de personal interino.
