SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado no dar vía libre a los nuevos estatutos de las agencias públicas hasta la aprobación definitiva de la reordenación del sector público, que actualmente se tramita como proyecto de Ley en el Parlamento, y ha establecido un plazo máximo de seis meses para su aprobación.
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, esta decisión, que atiende la petición formulada por los sindicatos CCOO y UGT y responde al compromiso asumido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en respuesta parlamentaria al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, pretende "contribuir a un debate abierto en el Parlamento" de la ley de reordenación que permita "despejar las dudas que restan a los funcionarios y empleados públicos de la Junta".
"Queremos un debate abierto, sin cortapisas, que termine de despejar las dudas que mantienen los funcionarios y haga posible, porque para eso se está tramitando como ley, mejorar el decreto en todo aquello que sea mejorable", ha añadido Moreno, que ha dejado claro que en la Junta estamos "convencidos de que estamos impulsando una reforma necesaria, que hace compatibles los derechos de los funcionarios con la necesidad de racionalizar, dar austeridad y modernizar el sector público andaluz".
En su opinión, "la flexibilidad con que la Junta está abordando esta tramitación parlamentaria servirá para que los sindicatos y el personal que ahora mismo no comparte el decreto de reordenación comprendan que en un momento tan difícil como el que estamos pasando el Gobierno andaluz ha tomado las medidas menos perjudiciales para los trabajadores y funcionarios de la Junta, medidas de modernización y eficacia que no lesionan los derechos ni de los funcionarios ni de los empleados públicos en general de la Junta de Andalucía".
En este sentido, Moreno ha destacado que "ya empezamos a conocer las alternativas del PP" y puede ser "un buen momento para empezar a contrastar los distintos modelos", ya que ha apuntado que "tal vez la alternativa de Arenas al decreto de reordenación del sector público sean las propuestas que se están aprobando en Murcia, donde el PP está sin duda realizando medidas muchos más duras y restrictivas en lo que se refiere a los derechos de los funcionarios".
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