SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado la libre absolución del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de otros tres ex altos cargos por la ayuda a la empresa Surcolor, donde fueron incluidos dos 'intrusos', mientras que ha solicitado dos años y medio de cárcel para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta de Andalucía pide la absolución del exconsejero de Empleo, del exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, de los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y del representante sindical José Hurtado, mientras que acusa a las otras 11 personas que fueron procesadas dentro de esta pieza separada.
De este modo, solicita tres años y medio de prisión, 18 años de inhabilitación y el pago de una multa de 255.478,37 euros por delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, mientras que para Antonio Rivas reclama dos años y medio de cárcel, 10 años y medio de inhabilitación y el pago de la misma multa, y para Juan Lanzas pide dos años y medio de prisión.
Asimismo, la Junta solicita dos años de cárcel para los representantes de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante; para los dos 'intrusos', como son José Antonio Márquez Sánchez --concuñado de Rivas-- y Juan Manuel López Espada; para el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, para los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y para un letrado de un despacho sevillano.
La Junta, de igual modo, solicita que los investigados indemnicen a la Administración autonómica con la cantidad de 191.608,78 euros, cantidad resultante de los 131.398,30 y 60.210,48 euros que cobraron los dos 'intrusos', respectivamente.
En su escrito, la Junta relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando un representante de Surcolor solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la tramitación de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores que componían la plantilla de la empresa.
Tras ello, la Delegación de Empleo requirió a la empresa para que subsanase "determinados defectos" observados en la solicitud, de manera que "la falta de subsanación de tales defectos" determinó que el delegado Provincial de Empleo dictase una resolución de 10 de mayo de 2005 por la que se le tenía desistida de su petición.
La Junta precisa que, después de la presentación de la solicitud del ERE de 2005, los dos representantes de Surcolor acusados "proceden, casi de inmediato, a despedir a 24 trabajadores" tanto de Surcolor como de Surcolor Óptica, contactando para la gestión de estos despidos con Juan Lanzas y Francisco Javier Guerrero.
PAGO DE 118.000 EUROS A JUAN LANZAS
"Por esta mediación", Surcolor habría pagado al 'conseguidor' de los ERE 118.752,64 euros "mediante su abono, por servicios no prestados, a Juan Francisco Algarín".
La Junta añade que, expuesta la situación a Guerrero, este "decide comunicar" a la entidad Apra Leven en junio de 2006 "su compromiso de abonar las pólizas de renta a través de las que se materializan las indemnizaciones por despido".
En esta línea, la Junta relata que, "aprovechando tal circunstancia, y en el marco del compromiso emitido" por Guerrero para el pago de la póliza, éste "decide incluir en la misma, por indicación de Rivas", a los dos 'intrusos', "ambos paisanos" del exdelegado de Empleo en Sevilla "y uno de ellos, además, concuñado" de éste.
Para ello, contactaron con los representantes de Vitalia, "quienes incluyen a sabiendas de que no habían trabajado" en estas empresas tanto a José Antonio Márquez Sánchez como a Juan Manuel López Espada en la póliza constituida para la prejubilación de los extrabajadores. Así, el 3 de julio de 2006 se constituyó la póliza, en la que fueron incluidos como beneficiarios los dos 'intrusos' referidos.
El coste de la póliza por la inclusión de las dos personas "que no habían trabajado en la empresa" es de 131.398,30 euros en el caso de López Espada y de 60.210,48 euros en el caso de Márquez Sánchez.
LA FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE CÁRCEL PARA FERNÁNDEZ
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, ha pedido ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Antonio Fernández, Agustín Barberá, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín.
En relación a Surcolor, la Fiscalía ha solicitado además ocho de prisión para Guerrero y para el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; seis años de cárcel y diez años de inhabilitación para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.
