La Junta mantiene su posición y no descarta incluir Los Gordales en el pago de la 'deuda histórica'

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía aseguró hoy que no ha modificado su posición respecto a la liquidación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, denominada 'deuda histórica', por lo que como ya advirtió el presidente andaluz, José Antonio Griñán, no se descarta la posibilidad de incluir el terreno de Los Gordales en el pago.

Según confirmaron a Europa Press desde la Consejería de Economía y Hacienda, la posición del Gobierno andaluz respecto a la liquidación de la 'deuda histórica' "no ha variado", por lo que, como ya afirmó en el Parlamento andaluz la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la deuda se liquidará como interese a los andaluces y cuando mejor venga para Andalucía.

Estas afirmaciones se producen después de que la secretaria de Política Institucional del PSOE-A y delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, haya descartado que el terreno de Los Gordales, en Sevilla, propiedad de la Administración central, y donde se prevé ubicar la Ciudad de la Justicia, vaya a incluirse en el pago de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, ya que, según explicó, este suelo no iría destinado a vivienda, educación y sanidad, materias que el Estatuto contempla para el destino de la 'deuda histórica'.

Así, Tovar no dudó en afirmar que los terrenos de la Justicia son "incompatibles" con las materias anteriormente mencionadas, a las que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha dejado "muy claro" que se van a destinar los cerca de 800 millones que el Estado aún tiene que abonar en materia de 'deuda histórica'.

Cabe recordar que fue el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien el pasado día 3 del presente mes no descartó la posibilidad de que la administración autonómica aceptara como parte del pago de la 'deuda histórica' por parte del Gobierno los terrenos de Los Gordales. Esta posibilidad también fue apuntada por la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento andaluz.