SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, informará este viernes junto con las organizaciones agrarias --Asaja, COAG y UPA en Andalucía-- y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) sobre el documento consensuado ante la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.
La Consejería de Agricultura y Pesca comenzó una serie de reuniones con las organizaciones agrarias y los grupos parlamentarios para consensuar un documento sobre la PAC. Entre las cuestiones que se han abordado en estas reuniones destacan la necesidad de frenar la volatilidad creciente de precios a través de la regulación del mercado, garantizar un presupuesto fuerte que continúe protegiendo la renta de los agricultores andaluces o el tema de conseguir el equilibrio en la cadena alimentaria.
Con esta finalidad y consciente del importante papel que debe jugar Andalucía en este debate --ya que es una de las principales regiones perceptoras de ayudas en toda Europa-- la Consejería viene promoviendo desde hace dos años un diálogo continuo con todas las partes afectadas para identificar posiciones comunes, dando respuesta además al compromiso recogido en el Documento de Interlocución Agraria de principios de 2010.
Por su parte, UPA-A se ha felicitado por haber alcanzado este acuerdo con la Consejería de Agricultura y Pesca y el resto de organizaciones agrarias. Según UPA-A, este documento representa una posición "fuerte" desde Andalucía, bajo el objetivo de que la PAC vaya dirigida a solventar los problemas de precios de los agricultores y ganaderos, incluyendo un sistema de ayudas que contribuya a asegurar rentas dignas para los mismos.
UPA-A ha avanzado en una nota que el documento consensuado recoge que es necesario establecer mecanismos de regulación de mercado, con objeto de frenar la política "abusiva" de la gran distribución y el desequilibrio de la cadena alimentaria, asegurando así unos precios justos para los productos agrarios.
En este sentido, el texto reivindica la creación de un código de buenas prácticas comerciales; una mayor transparencia en el funcionamiento de la cadena de valor; un mayor desarrollo de las organizaciones interprofesionales, que permita implantar contratos homologados entre industrias y productores; el desarrollo de instrumentos de concentración de la oferta; la modificación de la normativa comunitaria de competencia de forma que se contemplen las especificidades del sector agroalimentario; o una mayor vigilancia de las prácticas contrarias a la competencia por parte de la gran distribución.
Asimismo, en el documento se exige que en las negociaciones comerciales internacionales se plantee la reciprocidad, de modo que las normativas europeas relacionadas con cuestiones sanitarias, medioambientales o sociales sean exigidas a las importaciones procedentes de terceros países.
Por último, y con respecto a las ayudas directas, en el documento se consensuó la necesidad de establecer criterios de diferenciación que permitan reflejar las distintas realidades existentes en la agricultura y ganadería, tanto de la UE como de España, rechazando el establecimiento de una tasa plana por Estado Miembro o región; del mismo modo que se respaldó la idea de limitar al apoyo a los agricultores en activo, siempre bajo el objetivo de apoyar a la renta de agricultores y ganaderos.
