SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía apuesta en su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica vigente por abordar una "nueva configuración y reforzamiento" del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), de forma que quede vinculado "a la capacidad de crecimiento de la economía" y su distribución entre las comunidades se realice "en función de su población, las diferencias en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y el desempleo".
En un documento titulado 'Análisis de la problemática del modelo de financiación autonómica como base para su reforma. Propuesta desde Andalucía', al que ha tenido acceso Europa Press, la Consejería de Economía y Hacienda asegura que la aplicación práctica del FCI "ha tenido distintos diseños que, globalmente considerados, puede pensarse que han limitado su potencia para hacer efectivo el objetivo específico que se le asigna y han generado confusión entre este mecanismo y el propio modelo de financiación autonómica".
Según el Ejecutivo andaluz, la "idea base" de la reforma del FCI debe ir "en la línea de defender que el esfuerzo de cohesión territorial interna que realice España, destinado a la convergencia efectiva de los niveles de renta y riqueza de las comunidades menos desarrolladas, debe ser, como mínimo, similar al esfuerzo de cohesión de la Unión Europea".
ELIMINAR LA DISCRECIONALIDAD
Para ello, la Junta propone "vincular el FCI a la capacidad de crecimiento de la economía", para lo que considera que "se debería asociar su dotación a la evolución del PIB español, eliminando la actual discrecionalidad en la determinación del montante global del fondo, que se ve afectada por circunstancias tan peregrinas como que la administración central decida realizar sus inversiones directamente o a través de sus empresas y entes públicos instrumentales".
El documento establece que, para equiparar la dotación y los criterios de reparto del FCI "a los establecidos en Europa", sería necesario "dotar con el equivalente al 0,30 por ciento del PIB nacional y distribuirse entre las comunidades perceptoras en función de su población, las diferencias en el PIB per cápita y el desempleo".
Por último, el Ejecutivo andaluz aboga por establecer "mecanismos transitorios" para permitir que las comunidades autónomas que "pierden ahora la condición de Objetivo 1 puedan tener un instrumento nacional para adaptarse de forma suave a la pérdida de fondos para la financiación de sus inversiones".
