Cervera ve "sonrojante" que el Gobierno valenciano diga que "estudia" recurrir el Estatuto balear cuando "ha dejado transcurrir el plazo"
SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz expresó hoy su "respeto" al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno valenciano contra el Estatuto de Autonomía andaluz por determinar "unilateralmente" la financiación, defendió la "plena constitucionalidad" del texto y recordó que el PP le dio su respaldo en el Congreso de los Diputados y el Senado "sin un solo voto en contra", por lo que se mostró "deseoso" de conocer la opinión del PP-A ante la decisión del presidente valenciano, Francisco Camps.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, señaló que el Gobierno valenciano "está en su derecho de acudir al Tribunal Constitucional y a cuantas instancias considere oportunas en contra de los derechos y los intereses de los ciudadanos de Valencia", si bien puso de manifiesto que recurre el Estatuto andaluz "con plena conciencia de que es plenamente constitucional y en contra del respaldo que su propio partido, el PP, dio al texto andaluz en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde fue aprobado sin ni un solo voto en contra".
En declaraciones a Europa Press, Cervera defendió que la Disposición Adicional Tercera del Estatuto andaluz, por la que se garantiza que, durante un período de siete años, la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de nuestra población en el conjunto del Estado, y contra la que Valencia dirige su recurso, "no sólo es totalmente constitucional, sino que es justa, mucho más cuando durante los ocho años de Gobierno del PP, Andalucía recibió una inversión media cuatro puntos por debajo del porcentaje de la población andaluza".
"Entonces sí se produjo una discriminación manifiesta contra Andalucía, tanto en las inversiones del Estado, como en el reparto de los fondos europeos o en el sistema de financiación, que dejó sin cobertura a más de 400.000 andaluces", subrayó el portavoz, que calificó como "muy triste que el PP, cuando está en el Gobierno, detraiga inversiones que corresponden a los andaluces y, cuando está en la oposición, utilice a sus comunidades autónomas para tratar de impedir, ya se verá que inútilmente, que lleguen a Andalucía las inversiones que le corresponden".
HA DEJADO PASAR EL PLAZO EN BALEARES
Cervera también censuró que el Gobierno valenciano anuncie que presentará recursos contra cualquier Estatuto siempre que considere que incluye cláusulas similares a la Disposición Adicional Tercera del texto andaluz y que, en el caso del Estatuto de Baleares, "lo está estudiando" cuando, según dijo, "ha dejado pasar el plazo para recurrir que marcha la Ley", fijado en tres meses.
"No sabemos bien qué va a estudiar el Gobierno de Valencia, cuando sabe perfectamente que ha dejado pasar el plazo para recurrir ese Estatuto Balear, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de marzo, por lo que, de haber querido presentar un recurso, tendría que haberlo hecho antes de que transcurrieran los tres meses que marca la Ley, cosa que evidentemente ya ha sucedido", advirtió el portavoz, que añadió que "la única diferencia entre el Estatuto balear y el andaluz es que en Andalucía hay un Gobierno socialista y en Baleares, al menos hasta ahora, gobierna el PP".
Tras criticar tanto la decisión de "intentar discriminar a una comunidad autónoma por el color político de su gobierno, libremente elegido por los ciudadanos" como la "sonrojante falta de valentía del Gobierno valenciano para reconocer que ha dejado transcurrir el plazo para recurrir el Estatuto de Baleares", Cervera indicó que el Gobierno andaluz está "deseoso de conocer la opinión" del PP-A sobre el recurso de inconstitucionalidad anunciado por Valencia y si "ya conocía" la decisión de Camps de recurrir el texto cuando "no hace mucho le invitó a hacer campaña en Andalucía".
En este sentido, el portavoz subrayó que "los dirigentes populares repiten que el Estatuto es impecablemente constitucional gracias, precisamente, a las aportaciones del PP-A", que sigue manteniendo en su página web la "exigencia al Gobierno central de la inclusión de una partida de 4.650 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2007, de los que 3.877 correspondían precisamente a inversión por población, exactamente el concepto que ahora recurren sus compañeros de la Comunidad Valenciana".
"CURIOSIDAD" POR LA OPINIÓN DEL PP-A SOBRE CAMPS
Junto a ello, Cervera señaló que dirigentes del PP andaluz "han venido señalando literalmente que no atender a este criterio de población supondría un atraco político", por lo que se mostró convencido de que "los andaluces seguramente tendrán curiosidad en saber cómo va a calificar ahora el PP andaluz la actitud del presidente de la Comunidad Valenciana".
"Esas son cuestiones a las que tendrá que responder el PP-A. En lo que respecta al Gobierno andaluz, ayer mismo cerró con el Gobierno de España que las inversiones del Estado en los próximos PGE serán equivalentes al peso de la población andaluza, de acuerdo al último censo, un 17,8%", insistió Cervera, que no mostró dudas de que "en el TC tendremos ocasión de demostrarles a los dirigentes del PP que el Estatuto andaluz es plenamente constitucional y que las únicas discriminaciones en materia de inversiones que ha padecido Andalucía fueron durante el período en que gobernaban los populares".
El Gobierno valenciano autorizó hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por la Ley Orgánica 2/2007 por considerar que una de sus disposiciones adicionales "vulnera claramente la Constitución", ya que en ella se establecen "cláusulas unilaterales en favor de una comunidad autónoma y en detrimento de una financiación autonómica global".
Así lo explicó hoy el portavoz del Consell, Vicente Rambla, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano. En concreto, el Ejecutivo autonómico considera que la Disposición Adicional Tercera del nuevo Estatuto andaluz "puede afectar a los recursos económicos incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)".
En su apartado segundo, dicha disposición establece que la inversión destinada a Andalucía "será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años". Según el Consell, esta modificación normativa "contradice abiertamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas y ha sido impuesta unilateralmente".
