El proyecto normativo incrementa los controles y mejora las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas
SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y estatal, ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz, tras rechazar PSOE-A y PP-A la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución formulada por el grupo parlamentario de IULV-CA.
Según ha explicado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, el texto, aprobado el pasado mes de septiembre por el Consejo de Gobierno, establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que actualmente suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
Asimismo, Aguilera ha apuntado que el proyecto normativo plantea el fomento de la calidad como estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes. De este modo, se regulan especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas.
Asimismo, ha indicado que a grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.
El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores. Para ello, la ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.
En el caso de los operadores, según ha señalado Aguilera, el sistema debe tener en cuenta la trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.
Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación, la distribución y los puntos de venta.
Además de someterse a estos dos tipos de controles, los productos agroalimentarios deben contar con certificados de calidad comercial emitidos por organismos independientes. En este aspecto, la principal novedad que introduce el proyecto de ley es la exigencia de normas internacionales, principalmente la europea EN 45011, frente a las nacionales que se utilizan actualmente.
En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de 'Calidad Certificada' que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.
PP-A: UN "BODRIO" DE PROYECTO
Por su parte, la diputada del PP-A Dolores Calderón ha asegurado que la consejera del ramo tendría que haber pedido perdón al sector durante su intervención por el hecho de que el proyecto de ley, que inició su andadura en 2006, haya tardado cinco años en llegar al Pleno del Parlamento andaluz. "Han hecho falta tres consejeros para sacar esta ley adelante", ha agregado.
Asimismo, la parlamentaria ha asegurado que Aguilera ha traído un "bodrio" de proyecto de ley, que es "el noveno borrador" que se ha elaborado. "Es un proyecto que se acompaña con informes sectoriales que datan de 2006", ha lamentado Calderón, quien ha apuntado que aunque el proyecto merece la devolución del texto, como ha pedido IULV-CA, su formación no la ha solicitado por "sentido de la responsabilidad, dado que se ha tardado cinco años en presentar y los grupos no debemos poner obstáculos".
Al hilo de ello, la diputada ha dicho que su grupo está dispuesto a presentar enmiendas para mejorar esta ley, por lo que ha pedido al PSOE-A que "tienda la mano" a los grupos de la oposición en lo que resta de trámite parlamentario. Ha criticado también que en la ley no se hable de la financiación de la normativa, de la competencia desleal o de la producción ecológica.
PSOE-A DICE QUE FORTALECERÁ AL SECTOR
Por su parte, el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia ha asegurado que esta ley va a contribuir a que los sectores de la agroindustria y la pesca se fortalezcan y sean más competitivos, así como también a que los consumidores tengan mayores garantías. "Somos conscientes de los problemas que tenemos en estos momentos y de que esta ley no es la panacea, pero sí va a contribuir a que la agroindustria y la pesca sean más competitivas, "siempre de la mano de la calidad".
Asimismo, Sicilia se ha mostrado convencido de que con esta normativa se puede ganar en competitividad apostando por la innovación y la investigación. Según ha explicado, "se trata de competir ofreciendo calidad, donde otros ofrecen precios y cantidad". Ha añadido que la ley también regulará y protegerá la artesanía alimentaria "que da vida a nuestros pueblos".
El diputado socialista, que ha asegurado que su formación hará todo lo posible por alcanzar acuerdos con el PP-A en lo que resta de trámite parlamentario, ha destacado también de esta normativa que vaya a posibilitar que los productos tengan un etiquetado con una información "veraz y exacta", así como que establezcan mecanismos de control para las denominaciones de calidad.
IULV-CA ASEGURA QUE LA LEY "NO APORTA NADA"
En su turno de posicionamiento, el diputado de IULV-CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha asegurado que la futura ley es un "papel de celofán para enterrar el cadáver una agricultura, una ganadería y una pesca que están en la UVI aquejadas de la mayor crisis estructural de la historia". "Se renuncia a toda posibilidad de cambiar las estructuras agrarias obsoletas en Andalucía", ha agregado el parlamentario, quien ha tildado la normativa como "un canto a la inoperancia y la inutilidad".
A su juicio, "no aporta nada a lo ya legislado, no va a la raíz de la corrupción del sistema actual, no aborta la actual forma de producir y comercializar alimentos, no se garantiza la trazabilidad de los productos agroalimentarios, no se habla de agricultura ecológica, no se hace nada por el control de los alimentos que vienen de fuera y no se hace nada por prohibir el fraude de la mezcla de aceite", entre otras cuestiones.
