SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de auxiliares o monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la Junta de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones, y que en todos los casos con sentencia han conseguido que los juzgados les den la razón, ha cifrado en unos 215 los casos en los que los demandantes, unos 400, cuentan ya con fallo a favor, lo que supone más de la mitad.
La portavoz del colectivo en Andalucía, Virginia Vázquez, ha señalado a Europa Press que, al respecto, a los 115 que ya tenían sentencia antes del verano se une un centenar más dictado en el mes de septiembre, procedentes de la práctica totalidad de las provincias a excepción de Almería, "que es la que va un poco más atrás".
Y es que, recuerda Vázquez, los argumentos judiciales han ido sucediéndose en el mismo sentido en todos los casos, "hasta tal punto que la Junta ha pedido que se posibilite que las sentencias terminen de salir lo antes posible".
Por lo demás, la plataforma reclama una solución para los compañeros que en su día, por motivos personales, no presentaron demanda por despido en tiempo y forma, en la que se reconozca el tiempo trabajado y la categoría "para que en una futura oferta puedan competir". "Nunca hemos querido ninguna ilegalidad ni enchufe", añaden.
Los monitores se manifiestan expectantes ante la posibilidad --más que probable según las últimas declaraciones del consejero del ramo, Luciano Alonso, a las que aluden estos profesionales-- de que su readmisión se produzca para el próximo 30 de septiembre, es decir, para el curso escolar 2014-2015.
Al respecto, se estaría buscando la fórmula para que todos aquellos monitores que han interpuesto demanda puedan incorporarse. "Esperamos que en estas semanas se ultimen los trámites de manera que las tan esperadas readmisiones sean por fin una realidad", ha señalado.
En junio, los auxiliares se manifestaron ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ante la falta de una solución "global" para todos los trabajadores que, "en condiciones de cesión ilegal, han estado trabajando en centros de la Junta durante los últimos ocho cursos escolares".
