Nueva reunión de la mesa de la 'Corrala Utopía' con invocaciones al papel de las administraciones

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias que habitan sin relación contractual alguna las viviendas de renta libre correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', han visitado de nuevo este viernes la sede de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en una nueva mesa de negociación convocada para resolver el conflicto. Mientras sigue en pie el desalojo forzoso decretado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la reunión ha sido celebrada con la ausencia de 'Ibercaja' y del Ayuntamiento hispalense.

A la reunión, por tanto, han asistido la representación de las familias, la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y el propio Maeztu, toda vez que 'Ibercaja' no habría acudido, extremo ya sucedido en la anterior convocatoria, y el Ayuntamiento de Sevilla tampoco ha participado.

Mientras las medidas judiciales promovidas por 'Ibercaja' han derivado en el auto de desalojo forzoso emitido por el Juzgado de Instrucción número tres, ya recurrido por las familias, en esta nueva reunión tampoco han sido alcanzadas soluciones tangibles. Durante la sesión, Maeztu ha trasladado a las familias la respuesta de 'Ibercaja' a la propuesta emanada de la mesa de negociación y la "intención de la entidad financiera de mantener su propuesta de garantizar un alquiler social durante un año", aunque "fuera del inmueble", aspecto "rechazado" por las familias, según la institución de Maeztu.

Las familias, en ese sentido, reclaman a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que "se sienten para buscar una solución conjunta". Por eso, se ha planteado en la mesa la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la ejecución del desalojo, "en el caso de que ambas administraciones acuerden sentarse para tratar esta problemática". Jesús Maeztu, en ese sentido, avisa de que "las diversas ocupaciones de viviendas públicas y privadas acrecienta la necesidad de que se dé prioridad a esta problemática desde las administraciones competentes".

Granada Santos, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado por su parte que el Ayuntamiento ni siquiera haya asistido a la reunión pese a su "responsabilidad" en materia de vivienda, advirtiendo de que el Consistorio hispalense cuenta con "389 viviendas vacías". "'Ibercaja' ha dicho hasta aquí hemos llegado y las administraciones tenemos mucho que decir. Es intolerable que el Ayuntamiento no haya asistido", ha lamentado Granada Santos, quien llama a "luchar hasta el final para que no haya un desalojo".

LA 'CORRALA UTOPÍA'

Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas a cuenta de la usurpación de las mismas.

Las familias en cuestión esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

PETICIÓN Y ORDEN DE DESALOJO

Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres ha ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, y muy recientemente, esta instancia judicial ha notificado un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas. El auto, recogido por Europa Press, expone que si en un plazo de 15 días no media el "abandono" efectivo de las viviendas, se cursará oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden.