Nuevos plazos de desalojo voluntario para los 'Caracoleños' pendientes de declarar

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha dictado para varias familias pertenecientes al clan de los 'Caracoleños', --exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana--, nuevos plazos de diez días para el desalojo voluntario de las viviendas de titularidad autonómica que ocuparon tras haber sido precintadas por Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) durante su éxodo. Los aludidos han declarado ante el juzgado el pasado miércoles dentro de las últimas rondas de comparecencias promovida a cuenta de la denuncia de EPSA por la supuesta ocupación ilegal de las viviendas en cuestión.

José Estanislao López, el abogado que representa los intereses de este colectivo de etnia gitana, ha informado a Europa Press de que el Juzgado de Instrucción número ocho consumó el miércoles de la semana en curso las comparecencias de estas personas, después de que el pasado mes de julio tomase declaración a miembros de la mayoría de las aproximadamente 40 familias que conforman este grupo. Tanto la ronda de comparecencias promovida para el mes de julio, como los nuevos llamamientos, responden a las diligencias incoadas a cuenta de la denuncia formulada por EPSA por la supuesta ocupación ilegal de estas 41 viviendas del Polígono Sur cuya titularidad ostenta la Junta de Andalucía.

Al igual que en las comparecencias consumadas en julio, los denunciados han reconocido que carecen de documentación en cuanto a las viviendas en cuestión, de promoción pública, y que las adquirieron a sus anteriores moradores, por lo que el Juzgado les atribuye una ocupación de estas viviendas sin el correspondiente "título" legal que les habilite para ello. A tal efecto, la citada instancia judicial ha resuelto cada una de las comparecencias con la emisión de plazos de diez días para el desalojo voluntario de los pisos. José Estanislao López, no obstante, está recurriendo todos y cada uno de estos emplazamientos de desalojo.

LA DEFENSA DE LOS DENUNCIADOS

El abogado defensor, ante la denuncia de EPSA, está esgrimiendo el "principio de igualdad y de actuación no discriminatoria" en defensa de estas familias, dado que la ausencia de documentación efectiva que les vincule con las viviendas es una situación en la que también incurren buena parte de los habitantes "del resto de pisos de esa barriada", en alusión a las Tres Mil Viviendas. Igualmente, anunció que intentará acreditar que durante varios años, el colectivo de familias habitó estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andalucía y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas".

Sigue aún pendiente de prestar declaración el miembro de este colectivo que se encuentra preso en el centro penitenciario de Morón de la Frontera. A tal efecto, el Juzgado de Instrucción número ocho había librado un exhorto para que se le tomase declaración en la propia cárcel.

DEL POBLADO DE LOS BERMEJALES A LAS ÓRDENES DE DESALOJO

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se auto exiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias

De la mencionada investigación administrativa, cabe recordarlo, se desprende que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. De los cinco casos con resolución positiva, no obstante, una familia renunció a la vivienda y otra no pertenecía propiamente al colectivo de chabolistas.