Núñez aplaza al 24 de mayo la declaración del exconsejero Ojeda por la formación

Actualizado: lunes, 11 abril 2016 18:15

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños ha aplazado del 20 de abril al 24 de mayo la declaración como investigado del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda en el marco de la pieza relativa a su entramado empresarial dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En una providencia fechada el 8 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla aplaza "por motivos de agenda" la declaración del exconsejero de la Junta y de otros seis investigados en esta causa, que comparecerán los próximos días 24 y 31 de mayo y 14 de junio.

El nuevo calendario de declaraciones no afecta en principio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que está citado el día 10 de mayo.

Este aplazamiento en la fecha de la declaración del exconsejero se conoce el mismo día en que ha comparecido en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde ha indicado que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa, --la vinculada con los cursos de formación--, y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después, sumándose otro centenar de detenciones en la Operación EDU Centro, "en plena campaña".

Asimismo, Ojeda ha defendido que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y ha denunciado que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".

El pasado 15 de enero, la juez incoaba diligencias previas de las tres primeras piezas en que dividió la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, piezas relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, el exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco Sierra y José María Pérez González.

Así lo acordaba Núñez en tres autos distintos dictados el 15 de enero, después de que, el pasado 21 de diciembre, dividiera la causa en nueve piezas, como son las tres ya incoadas y otras cuatro centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En el auto relativo al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda, la juez explica que en esta pieza se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".

La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".