SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha aplazado del 26 al 31 de mayo la declaración como investigado del alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), al coincidir la fecha inicialmente fijada con la festividad en Sevilla del Corpus Christi.
En una providencia dictada el 17 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada explica que el día 26 de mayo es festivo en Sevilla, por lo que aplaza del 26 al 31 de mayo las declaraciones como investigados del primer edil y de Rogelio Becerra Martín y Fernando Pedro Moreira Oliveira.
La juez ha citado como investigadas a estas tres personas por su presunta participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword, tal y como explicó en el auto de citación dictado el pasado 15 de marzo.
En esta misma providencia, la magistrada acuerda "la consulta padronal de determinados intervinientes, al objeto de actualización del domicilio a efectos de citación".
En el mismo auto de 15 de marzo, la juez cita como investigadas el 24 de mayo a Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz por su participación en la obtención de ayudas a la empresa Venero de Móstoles por importe de 430.000 y 139.500 euros, cuyo último pago fue el 2 de noviembre de 2004, y a Verónica Galloso Villalba como receptora de pagos por importe de 60.000 euros "hechos a modo de ayuda directa" a empresa en fecha 12 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007 por Estudios Jurídicos Villasís.
El alcalde de Cazalla de la Sierra, en un escrito recogido por Europa Press, ya aseveró que "en ningún momento" ha "mediado para la obtención de subvenciones públicas", defendiendo que jamás ha "figurado ni como trabajador, ni como accionista ni como administrador" en las empresas Servicios y Mantenimiento y Corchos de Cazalla.
Respecto a su vinculación con Cortansa, Sotero Martín Barrero explicó que fue trabajador por cuenta ajena de esta empresa desde 2002 a 2006, "pero sin firma para cualquier tipo de transacción ni representación delegada para llevar a cabo gestiones ante ninguna administración pública".
Por último, en el caso de Enoword, el alcalde puntualizó que fue socio fundador de la misma hasta enero de 2005, fecha en la que abandonó la empresa y que durante ese tiempo la sociedad "no recibió subvención pública alguna". No obstante, el alcalde de Cazalla mostró su "absoluta disposición a colaborar con la Justicia y a aportar en el menor tiempo posible la documentación y las pruebas" que demuestren su "absoluta ausencia de responsabilidad en relación a estas ayudas públicas".
