SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dirigido un escrito a la presidenta del Parlamento, María del Mar Moreno, en el que solicita comparecer a petición propia ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos para informar sobre la necesidad de adoptar medidas "para posibilitar una protección más eficaz frente a las agresiones permanentes al suelo no urbanizable andaluz".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor pide comparecer en comisión parlamentaria para trasladar tanto "las conclusiones adoptadas conjuntamente con la red de fiscales medioambientales de Andalucía" como "las consideraciones que han llevado a esta institución a celebrar un convenio de cooperación con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre la creación de órganos e instituciones a las que se asignen funciones de defensa de derechos en el ámbito de las administraciones locales y su coordinación con el Defensor del Pueblo".
Chamizo recuerda en su solicitud de comparecencia, que ha sido calificada favorablemente y admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "ha venido mostrando una especial preocupación sobre las actuaciones urbanísticas no autorizables que representan una agresión permanente al derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado, que consagra el artículo 45 de nuestra Constitución, así como a otros derechos reconocidos en los artículos 33.1, 45, 47 y 51 de dicho texto, sin perjuicio de las vulneraciones que esas actuaciones representan de la legislación urbanística ordinaria".
"REPERCUSIÓN SOCIAL CADA VEZ MÁS AMPLIA"
Junto a ello, el Defensor pone de manifiesto que "la repercusión social cada vez más amplia que han ido adquiriendo estas cuestiones" han llevado a esta institución a iniciar una nueva línea de cooperación y coordinación con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la red de fiscales medioambientales de Andalucía, "a fin de que se pudieran desplegar eficazmente los mecanismos legales previstos para reaccionar frente a tales agresiones".
Según detalla, dos años de trabajo en común en esta materia "han dado lugar a una serie de conclusiones y propuestas conjuntas al objeto de armonizar los conceptos básicos recogidos en los artículos reguladores de los tipos penales previstos para estos supuestos en el Código Penal, con la legislación administrativa específica en esta materia" con el objetivo de "posibilitar una efectiva protección en el ámbito penal de estas agresiones que sufre el medio ambiente, con las gravísimas consecuencias que de ello se derivan para la sociedad".
