Parlamento convalida el decreto ley que amplía en 6 meses el plazo para la aprobación del Plan de Protección del Litoral

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto ley que modifica el de 27 de noviembre de 2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral y gracias al que se amplía en seis meses el plazo de dos años fijado inicialmente para la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.

Según ha explicado ante el Pleno la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la decisión "no afecta negativamente" ni desde el punto de vista ambiental ni de la creación de empleo sostenido en el tiempo sino que permitirá tramitar adecuadamente el elevado número de alegaciones (3.547) presentadas al documento durante el periodo de información pública, tanto por los municipios afectados como por grupos profesionales, centros universitarios y organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas.

Con todo, y pese a estos seis meses más de plazo, la consejera se ha comprometido a que la aprobación definitiva del decreto ley sea "cuanto antes", eso sí, después de un "debate positivo, serio y riguroso, sobre hechos y contenidos concretos".

Junto con la ampliación del plazo, la Cámara andaluza también ha convalidado el mantenimiento de la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, Serrano ha destacado que este instrumento limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30 por ciento de la población y en un 40 por ciento del territorio.

La suspensión, que se mantiene desde 2012 para garantizar el cumplimiento de las previsiones del Plan de Protección del Corredor Litoral durante su elaboración, afecta exclusivamente a los suelos protegidos ya identificados expresamente en el documento sometido a información pública. Independientemente de ello, los municipios que actualmente se encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán continuarlo con normalidad.

El Plan de Protección del Corredor Litoral tiene como objetivo preservar del proceso urbanizador aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales. El documento fija los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento municipal para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como en todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de preservación.

Este espacio, que ocupa un 15 por ciento de la superficie de Andalucía y acoge al 40 por ciento de su población, se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio (de competencia estatal) ha primado en la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central en 2013.

PP-A TACHA LA AMPLIACIÓN DE "ELECTORALISTA"

De su parte, el diputado del PP-A Victor Manuel González ha advertido de que este decreto ley es "sólo un ejemplo más del caos" de la Junta en materia urbanística "tras innumerables despropósitos" en los últimos 30 años y ha asegurado que la ampliación del plazo del mismo "es producto simplemente de la improvisación y de la falta de rigor y compromiso" de la presidenta Susana Díaz con los municipios de la franja del litoral andaluz.

Tras calificar a Serrano "como un títere más de la presidenta de la Junta" y acusarla de "estar muy alejada de la altura de las circunstancias", el 'popular' ha visto "una clara intencionalidad electoralista" detrás de la ampliación del plazo para la aprobación del Plan de Protección del Litoral porque, según ha esgrimido, los andaluces "sólo podrán visualizar los efectos reales del decreto ley justo después de las elecciones municipales".

González, que ha solicitado la tramitación de este decreto como proyecto de ley (petición rechazada por PSOE-A e IULV-CA), también ha dicho que el texto de la Junta "rompe con la seguridad jurídica, impide la creación de 50.000 puestos de trabajo y se convierte además en una medida inquisidora y una herramienta más al servicio del PSOE-A", ya que pone de manifiesto que lo que le "molesta" a Díaz es que muchos de los ayuntamientos del litoral "están gobernados por el PP-A".

Frente a ello, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha recalcado que la "prórroga del decreto no es un incumplimiento" de la palabra dada por el Gobierno andaluz sino que "en breve será una realidad mal que le pese" al PP-A.

Además, ha arremetido contra los 'populares' por pedir la dimisión de la consejera Serrano y por decir que el texto de la Consejería de Medio Ambiente "se planteó como freno al empuje económico" de la comunidad, algo que ha rechazado de plano y ante lo que ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy "planes concretos" para luchar contra el desempleo como el de construcción sostenible de la Junta.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Manuel Baena, que ha recordado que el decreto ley que ahora se modifica nació para intentar "minimizar los efectos nocivos" de la ley de costas del Gobierno central, ha lamentado que el proceso de tramitación de esta norma esté siendo tan largo y que, además, no esté "afrontando con valentía la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo no ligado al ladrillo".

Como ejemplo, ha señalado "la poca cantidad de viviendas" que se verían afectadas por este nuevo decreto ley y ha pedido a Serrano que "radicalice su posición para cumplir con las expectativas" del texto y para contar con el apoyo de IULV-CA cuando se vote su aprobación definitiva. "Queremos un decreto ley que realmente impida desarrollos desmesurados en la costa y garantice que no vamos a seguir alicatando la costa de Andalucía", ha resumido Baena, quien ha emplazado igualmente a la consejera a elaborar una norma "seria y que contribuya a dificultar los excesos que la Ley de Costas ha propiciado" en la comunidad.