SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central que Andalucía reciba una financiación y un trato justo, convocando, si es necesario, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.
IULV-CA y Podemos han apoyado la iniciativa socialista --compuesta por siete puntos-- tras aceptarse varias de sus enmiendas, mientras que Ciudadanos se ha abstenido en la mayor parte de la misma y PP-A ha votado en contra. El único punto que se ha aprobado por unanimidad ha sido instar a la Junta a demandar al Ejecutivo nacional que refleje en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 el crecimiento económico y la recuperación para que este se haga efectivo y pueda ser percibido por los sectores que más lo necesitan.
En virtud de la iniciativa aprobada, también se demanda que las citadas cuentas blinden las partidas y programas que garantizan el buen funcionamiento de los servicios públicos básicos, abandonando la senda apuntada en el Programa de Estabilidad 2015-2018 de seguir recortando el gasto público desde el actual 44,3 por ciento al 38,5 por ciento del PIB, y que se incremente la dotación económica de las transferencias finalistas en educación, sanidad, bienestar social y empleo para recuperar el 44 por ciento de inversión perdido en esta legislatura.
La Cámara también ha pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional redistribuir el esfuerzo que supone la reducción del objetivo de déficit, repartiendo con las comunidades autónomas el margen que se reserva el Estado, y que revise el procedimiento de liquidación del modelo de financiación autonómica para que suponga de manera real un reflejo de la situación de la economía.
En este sentido, se ha reclamado que el Ejecutivo nacional explique pormenorizada y detalladamente los criterios de reparto de los distintos apartados del modelo de financiación, "que ha terminado discriminando a Andalucía con el pago de 265 millones y que mientras tanto, se garantice el aplazamiento de la devolución de la misma manera en que se produjo en los años 2008 y 2009".
Otra demanda consiste en que el Ejecutivo andaluz reclame al central que rectifique su política fiscal, de manera que introduzca los cambios necesarios para dotar al sistema de mayor progresividad, de forma que se equiparen los impuestos del trabajo y de la renta.
En defensa de la iniciativa, el parlamentario socialista Jesús María Ruiz ha indicado que el actual sistema de financiación autonómica no solo no ha garantizado la equidad entre las comunidades, sino que ha perpetuado una discriminación que perjudica especialmente a Andalucía.
Ha agregado que el hecho de que Andalucía tenga que devolver 265 millones de euros por la liquidación presupuestaria de 2013, junto a la deficiente financiación de la comunidad por parte del Estado, no contribuye a favorecer el crecimiento económico ni la creación de empleo.
LOS INTERESES DE ESPAÑA Y NO DE PARTIDO
Por parte del PP-A José Antonio Miranda ha defendido que las decisiones financieras que ha tomado el Gobierno del PP ha sido "poniendo por delante los intereses de España a los del partido", con el "programa de reformas más ambicioso de la democracia". "Hoy España empieza a crecer y con fuerza por la acertada política económica y fiscal del Gobierno de España, y no por el apoyo del PSOE", ha aseverado.
El diputado ha criticado que con esta iniciativa el PSOE-A "pretende estorbar" y le ha reprochado que "busque un enemigo externo con el que tapar su fracasada gestión en Andalucía, cuando les debería dar vergüenza esta PNL". Además, ha propuesto una enmienda 'in voce' del punto cuatro de la misma para analizar el procedimiento de liquidación del modelo de financiación autonómica dentro del procedimiento de revisión del sistema de financiación que se va a llevar a cabo próximamente, que ha sido rechazada por los socialistas.
Podemos ha planteado enmiendas a la iniciativa socialista que ha detallado en su intervención la parlamentaria Carmen Lizárraga, quien ha abogado por una política fiscal "más eficaz" y, en esa línea, "tocar a los de arriba, que acumulan riqueza y poder", así como la creación de "nuevos tributos de carácter ecológico o turístico" y la necesidad de incorporar en el modelo de financiación autonómica "más indicadores además de los de la población y el PIB per cápita". También ha solicitado que los criterios de reparto entre comunidades "se expliquen de forma más transparente para los ciudadanos", y la "derogación" del artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011 tras un acuerdo entre PSOE y PP.
El diputado de Ciudadanos (C's) Carlos Hernández ha censurado que el debate de la financiación autonómica "se ha convertido en un arma de confrontación política" y ha exigido que Andalucía "reciba hasta el último céntimo que le corresponde por ley", lo que pasa por un sistema de financiación "más equitativo y real", que "debe ser justo, estable y equilibrado" por ser vertebrador entre las comunidades. Ha solicitado a todos "lealtad entre instituciones y altitud de miras" en un tema "tan fundamental" como este.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha enmarcado los "efectos económicos negativos" para Andalucía de la política económica y fiscal del Gobierno central en el "modelo de integración europea nacido del acuerdo entre la derecha y la socialdemocracia", que constituye "un fraude desde el punto de vista económico, político y social", genera "efectos devastadores" y ha convertido a la comunidad autónoma andaluza en una "economía dependiente del norte de Europa", según ha aseverado antes de avanzar la presentación de una enmienda a la PNL del PSOE-A para "derogar" el citado artículo 135 de la Constitución.
