SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular defenderá una proposición no de Ley en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz en la que pide a la Junta que abone intereses de demora e indemnización por costes a empresas proveedoras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de mediana entidad en el caso en que se superen los 60 días en realizar los pagos con el objetivo de "resarcir los retrasos que por encima de los plazos legales efectúa el SAS".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP emplaza al SAS a efectuar sus pagos "al contado", es decir, en los 30, 60 ó 90 días que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas desde la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de las facturas que acrediten la realización total o parcial de los contratos a todas aquellas empresas pequeñas proveedoras del SAS "que no tienen capacidad financiera para soportar demoras prolongadas".
Para ello, los populares demandan a la administración autonómica que establezca como "criterios diferenciadores" para distinguir a las pequeñas proveedoras el volumen de cifra de negocios, el tratarse de personas físicas o jurídicas, o sus niveles de activos o empleo", así como que garantice la supervivencia de las empresas proveedoras "para que en ningún caso peligren los puestos de trabajo del personal por falta de pago de las deudas del SAS, con lo que se evitará el despido de personal de estas empresas, su escasez de recursos y se permitirá el mantenimiento de su actividad".
El PP también solicita al Gobierno andaluz que siga adelante con la "supuesta operación de saneamiento para intentar mejorar el estado de sus cuentas y deudas, procediendo además a los ajustes contables precisos para adecuar sus cifras a los criterios de la Cámara de Cuentas", organismo que, según recuerda, "ha tenido que rectificar a la Consejería de Salud en la cifra que reconocía de deuda a proveedores, llegándose a disparidades importantes", que oscilaban entre los 530 y los 1.800 millones de euros al cierre del ejercicio de 2003.
En opinión de los populares, estas deudas "suponen un riesgo para muchas empresas andaluzas que ven peligrar su supervivencia por las dificultades en el pago de las nóminas de su personal o por no poder hacer frente a las deudas que soportan", al punto que "muchas veces se pone en peligro la viabilidad de estas pequeñas y medianas empresas, el mantenimiento de sus empleos y la escasez de recursos para actividades de investigación, desarrollo e innovación".
