SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una iniciativa 'popular' en la que se instaba a la Junta a llevar a cabo, con carácter urgente, una auditoría de la gestión y del uso de las transferencias de financiación efectuadas por las distintas consejerías de la Junta de Andalucía a sus entidades instrumentales para otorgar ayudas públicas a terceros "sin fiscalización previa".
Según ha defendido ante el pleno de la Cámara autonómica la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, con esta auditoría se contribuiría a "esclarecer la utilización inadecuada de este sistema de transferencias, el uso sin control de este mecanismo, los fraudes detectados y el eventual menoscabo de fondos públicos que pudiere derivarse".
Sin embargo, ha lamentado Corredera, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los responsables del Gobierno andaluz prefieren seguir "sin hacer nada" y justificando su falta de medidas contra la corrupción en que "este tema no interesa nadie salvo al PP-A".
Ante ello, ha pedido a los responsables del Ejecutivo autonómico que "dejen de poner trabas a este Parlamento y a jugar a ser acusación y defensa" en los supuestos casos de fraude con fondos públicos, que es, a su juicio, lo que PSOE-A e IULV-CA están haciendo al rechazar esta proposición no de ley en la que los 'populares' también pedían la recuperación "del dinero público defraudado en relación con el uso fraudulento que se haya podido producir" en las citadas transferencias de financiación y el traslado a la opinión pública de toda la información de las auditorías forma "mensual y detallada".
Corredera, que ha aprovechado su intervención para preguntar a Díaz "cuántos fondos de reptiles han funcionado en la Junta de Andalucía", ha insistido en que la situación de grave crisis económica que afecta con especial intensidad a la comunidad andaluza "ha ido lamentablemente en paralelo a una creciente sucesión de escándalos ligados a irregularidades en la gestión de los fondos públicos realizada por el Gobierno andaluz".
Así, y tras lamentar que en los últimos días se hayan ido sucedido "acciones judiciales que han dado un salto cualitativo y cuantitativo y que han puesto en entredicho el uso generalizado e inadecuado del sistema de las transferencias de financiación", ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla --encargado del caso Invercaria-- ha dictado un nuevo auto con el objeto de que se lleve a cabo una investigación en otras nueve empresas públicas de la Junta tras apreciarse "irregularidades en la tramitación de expedientes administrativos e indicios de delitos de prevaricación y malversación en el uso y gestión" de dichas transferencias.
En opinión del PP-A, esta nueva decisión judicial implica "de facto una investigación sobre la posible existencia de un sistema ilegal y generalizado como el utilizado en la escandalosa trama de los ERE fraudulentos, extendiéndose los indicios a numerosos entes de la Administración 'paralela', que han venido recibiendo durante años transferencias de financiación sin sometimiento a fiscalización previa e implicando a un buen número de consejerías de la Junta de Andalucía".
Pero pese a ello, según ha dicho Corredera, el Gobierno andaluz no ha depurado "las obligadas responsabilidades políticas" que se deberían asumir por estas "irregularidades" y tampoco ha hecho "nada por la recuperación de fondos públicos". "Todo esto pone de manifiesto la incoherencia del discurso de transparencia y de lucha contra la corrupción mantenida por la presidenta junto con la necesidad de que ese discurso se vea acompañado de actuaciones y de conductas ejemplares que contribuyan al esclarecimiento respecto de cualquier sombra o indicio de irregularidades en la gestión de fondos públicos", ha añadido para reclamar "transparencia" en la gestión del Gobierno andaluz.
JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Ante ello, el diputado socialista Jesús María Ruiz ha recordado al PP-A que "una mentira repetida no se convierte en verdad" y ha advertido de que no se pueden generalizar sospechas ni confundir ámbitos de poder "mientras intentan a toda costa judicializar la política después de haber politizado la justicia".
Además de recordar que las transferencias de financiación "son un instrumento completamente legal y con rango de ley tal y como el Tribunal Constitucional ha reconocido en diversas sentencias", ha puesto el acento en que son, "de forma inapelable, el modo ordinario de financiación de las entidades de todo el conjunto del Estado", incluidas las del propio Gobierno de la Nación y las de aquellas comunidades donde gobierna el PP.
Tras insistir, pues, en que las transferencias de financiación son "legales las use un gobierno de derechas o de izquierdas", Ruiz ha delimitado las responsabilidades sobre el uso de este instrumento financiero "en quien las usa mal" y ha recalcado que, "en su mayoría, son bien usadas", por lo que ha acusado al PP-A de hacer "puro teatro y, lo que es peor, falsear la realidad".
Por ello, ha negado "autoridad moral" a los 'populares' andaluces para exigir esta auditoría en Andalucía. Corredera le ha contestado, sin embargo, que su grupo tiene "toda la autoridad moral" porque es el PSOE-A "el protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía" el que no la tiene y tampoco IULV-CA por su "silencio cómplice".
IULV-CA VE UNA "LOCURA" LAS RECLAMACIONES DEL PP-A
Por su parte, el diputado y portavoz en materia presupuestaria de IULV-CA, Ignacio García, ha lamentado que los 'populares' hayan optado por "poner en marcha el aspersor sobre todo lo que significa dinero público y abrir la puerta a la empresa privada para gestionar lo público" mientras "obvia sus sobres y las implicaciones del PP-A y de algunos dirigentes que hoy se sientan en estos escaños en estos sobres".
Tras negar la "autoridad moral" del PP-A para exigir esta auditoría en la Cámara autonómica, ha recordado que IULV-CA "no se siente concernida por todo lo que hizo cualquier gobierno anterior" en el que su formación no haya participado y que siempre ha defendido que la "investigación judicial se realice a fondo y llegue hasta el final".
"Queremos que se depuren responsabilidades y se recaude el dinero que se haya podido defraudar, pero con las garantías del derecho y sin tocar las ayudas o prejubilaciones a quienes las han recibido de buena fe", ha apostillado para advertir al PP-A de que, si siguen por este camino "sin raciocinio y sin cabeza", podrían conseguir que algunas familias que han recibido ayudas de forma absolutamente legal y de buena fe "tengan que devolver el dinero por esta locura de mezclarlo todo con el único propósito de alcanzar un Gobierno que las urnas no le dan".
Es por ello, que García ha acusado al PP-A de "querer matar mosquitos a cañonazos" pidiendo una auditoría general de toda la Junta de Andalucía cuando "todavía no hay imputaciones". Además, ha preguntado a Corredera a quién le encargaría dicha auditoría, si a la "Cámara de Cuentas que el PP-A quiere suprimir" o si a "empresas privadas", algo que la 'popular' ha rechazado tajantemente no sin advertir de que "la única Administración que tiene empresas privadas para pagar pólizas de las prejubilaciones es el Gobierno andaluz".
Corredera también ha acusado a García de ser "mala persona" por "intentar meter miedo a los prejubilados" con sus palabras. "Queremos que se devuelva lo que se ha dado a dedo y sin control, pero no lo que se ha dado a aquellos que de verdad lo necesitaban", ha concluido.
