La plantilla de Mercasevilla se entrevista el viernes con Viera y prepara una manifestación

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla ha acordado hoy celebrar una manifestación en 22 de febrero en un lugar aún por determinar, si bien el próximo viernes el comité de empresa celebrará una reunión con el secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, tras conocerse el resultado de la auditoría elaborada por 'Deloitte' sobre las cuentas generales de esta empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa.

El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que Viera recibirá a los sindicalistas el próximo viernes, a las 11,00 horas, en la sede provincial socialista, toda vez que los trabajadores ya se han reunido con representantes de los grupos parlamentarios de PP e IU-CA en el marco de la Proposición no de Ley (PNL) que el comité de empresa promueve en defensa de los intereses de la sociedad mixta.

La asamblea de trabajadores, entretanto, ha debatido hoy la mencionada auditoría externa, que revela que el ejercicio 2008, cuando la directiva de Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó en realidad pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros mientras los pasivos de la empresa podrían superar los once millones de euros. Dada la "preocupación" de la plantilla, se ha acordado celebrar una manifestación el día 22 del mes en curso en un lugar y hora aún por determinar.

EL DESPIDO DE PONCE

La asamblea de trabajadores ha analizado también la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declara improcedente el despido de Daniel Ponce como director adjunto de Mercasevilla, recordando Rafael Domínguez que el comité de empresa ya se posicionó contra la ruptura de la relación contractual durante la instrucción del expediente disciplinario. En ese sentido, recordó que los sindicatos ya habían advertido de que los hechos esgrimidos en la carta de despido "estaban caducados, prescritos", lo que le llevó a señalar las consecuencias de las opciones a las que se enfrenta la empresa; la readmisión, una indemnización de casi 240.000 euros o un recurso contra el fallo.

La auditoría ha sido elaborada por la consultora 'Deloitte' y ya está elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma --filial del grupo Sando-- los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.

PÉRDIDAS Y PASIVOS

La auditoría refleja el estado contable y financiero de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009 y recoge que sólo en el periodo comprendido entre enero y abril de 2009, Mercasevilla acumuló pérdidas por valor de 280.000 euros, aunque el problemas más grave que arrastra la sociedad mixta no es otro que los nueve millones de euros que debe afrontar para garantizar los pagos de los trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que aunque en las pólizas figuran alusiones a la financiación autonómica, no se han descubierto documentos en los que la Junta de Andalucía haya firmado su participación económica en tal procedimiento.

El mejor ejemplo de la situación de la empresa es el descubrimiento de que el ejercicio de 2008, --en el que la directiva de Mellet y Ponce repartió dividendos entre los accionistas por unos beneficios valorados en algo más de 258.000 euros--, concluyó con pérdidas que superaban los 1.539.000 euros, extremo que no había detectado la auditoría que sobre aquel ejercicio elaboró 'Price Waterhouse' por encargo de la propia empresa.

Así, la empresa arrastra una deuda reconocida de algo más de 2,5 millones de euros, pero afronta otros pasivos como los 1,2 millones de euros derivados de la disolución de la Fundación Socioasistencial o los nueve millones de euros implicados en la financiación del ERE, dado que la Junta de Andalucía no reconoce su participación en el coste de procedimiento.