LEBRIJA (SEVILLA), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), gobernado por María José Fernández (PSOE), ha aprobado, en un pleno extraordinario celebrado a tal efecto, recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local.
Con esta decisión, apoyada por PSOE, IU-CA y PA, y el voto en contra del PP, el Consistorio de Lebrija presentará un recurso de inconstitucional contra dicha Ley, al igual que están haciendo en estos días más de 3500 ayuntamiento que representan a más de 15 millones de ciudadanos.
Durante el debate, y según el Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto que "esta ley se carga a los ayuntamientos tal y como los conocemos hoy, es decir, los ayuntamientos dejarían de ser prestadores de servicios de públicos, ya que no tendrían competencias en aspectos fundamentales como, por ejemplo, los servicios sociales o en políticas activas de empleo".
La alcaldesa, en ese sentido, ha manifestado que "esta Ley supone un desmantelamiento de los servicios que los Ayuntamientos están prestando en la actualidad. Servicios fundamentales y prioritarios que se perderán dado que los consistorios no tendrán competencias ni en los servicios sociales, educativos, culturales o deportivos, entre otros". Así, asevera que "defendemos una reforma para el progreso de los ayuntamientos y sus municipios consensuada con los Ayuntamientos, los agentes sociales y los expertos en administración pública, sin que esto suponga una puerta abierta a la privatización de los servicios".
Hablamos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy. Dicha normativa, entre otras cosas, está destinada a "evitar duplicidades de competencias" entre las administraciones, "racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas".
Así, y por ejemplo, esta nueva regulación impide "la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico o un plan de ajuste" y "suprime monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes", reservando al Estado "las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales".
