SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A considera "inaceptable" que la Junta de Andalucía solo eche la "culpa" del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero e intente "minimizar" los hechos.
En el amplio documento, de 79 páginas, de propuestas para el dictamen de la comisión de investigación sobre los ERE que el PP-A ha registrado en el Parlamento, lamenta el "intento de minimizar los hechos y los acontecimientos, de disparar contra todo y contra todos los que denunciaban las tropelías, de intentar culpabilizar a quien nada tenía que ver con el fraude, y de llegar incluso a la insensatez de tirar piedras sobre las investigaciones de la Guardia Civil" por parte de la Junta, apuntando que solo queda "la explicación inaceptable de que la culpa es sólo" del exdirector general de Trabajo Francisco Guerrero y "de que todos los andaluces sabíamos lo que ocurría porque todo estaba en el presupuesto de la comunidad".
Para el grupo popular, ha quedado claro que, desde el seno de la administración se fraguó un "sistema opaco de ayudas sin ajustarse a la ley y con una marcada intención política que, finalmente, ha resultado letal para las arcas públicas y para la imagen y el buen nombre de Andalucía". "En el seno del Gobierno Andaluz se ideó un mecanismo, 'un fondo de reptiles', para asegurar la paz social, término que consumaba la paz política del régimen", según indica el PP-A en su documento.
A su juicio, "todos los responsables del Gobierno" que han comparecido en la comisión de investigación "supieron de la existencia del instrumento y de los problemas que acarreaba" y todos conocieron los informes de la Intervención General y de las alarmas que hasta en 15 ocasiones avisaron. "Una buena parte de ellos miró para otro lado porque conocía para lo que servía el programa 31L y otra buena parte se dedicó a tapar las ilegalidades y a parchear los 'boquetes', en expresión de uno de los comparecientes, para intentar lavar los trapos sucios dentro de casa", indica.
El PP-A reclama la dimisión de sus actuales responsabilidades públicas, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Administración autonómica entre 2011 y 2010.
Asimismo, el grupo popular aprovecha para poner de manifiesto que es "un escándalo" que la Cámara de Cuentas no haya proporcionado a la comisión de investigación el expediente completo de la auditoría realizada al programa 31L, como se le ha solicitado reiteradamente. Considera que la actuación del presidente del órgano fiscalizador, Antonio López, "es del todo reprochable y parece concebida más desde la dependencia política que desde el respeto a la independencia y profesionalidad de los técnicos de tan importante institución", con lo que entiende que se deberá dilucidar si su actitud "negligente es objeto de responsabilidad" ante la comisión parlamentaria.
RECOMENDACIONES PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR
En su documento, el PP-A recoge un apartado sobre recomendaciones en el que se plantea que el Gobierno andaluz apruebe una Ley de transparencia, buen gobietno y acceso a la información pública y una Ley general de subvenciones y ayudas públicas, así como que cree el cuerpo superior de interventores de la Junta, con funciones interventoras.
También propone que se constituya en el seno del Gobierno andaluz "una comisión interdepartamental de control que, sin perjuicio de otras competencias que se le asignen, tenga la de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que le someta la Intervención General derivados de las conclusiones de las auditorías internas". Dicha comisión, según el PP-A, dependerá del presidente de la Junta y trasladará sus conclusiones al Parlamento de Andalucía.
Entiende que en el Parlamento andaluz también se debe crear una Comisión permanente de vigilancia de las contrataciones y convenios, que conocerá de las iniciativas y asuntos relacionados directamente con la actividad contractual de la Junta.
El PP-A también aboga por que se modifique el Reglamento del Parlamento en la apartado de las comisiones de investigación, de manera que éstas se puedan crear sin que se requiera mayoría absoluta, fijando un límite máximo por periodo de sesiones.
Asimismo, pide que se aceleren los procedimientos administrativos necesarios para exigir la total devolución de las ayudas o subvenciones indebidamente percibidos, así como el interés de demora que pudiera corresponder, y que se suspenda cualquier pago derivado de la contratación de servicios jurídicos profesionales externos encargados de la defensa de altos cargos imputados.
Para el PP-A, hasta tanto se apruebe la Ley General de Subvenciones, es preciso que se otorguen y gestionen las subvenciones directamente por las consejerías correspondientes, evitando el uso de entes instrumentales para la concesión y gestión de las mismas y la utilización de entidades colaboradoras para la entrega y distribución de estos fondos públicos. El Órgano competente para conceder estas subvenciones, previa consignación presupuestaria para este fin, será consecuentemente y de acuerdo con la Ley, el consejero titular de dicha consejería, según propone el grupo popular.
Asimismo, pide que se envíe trimestralmente a la Cámara de Cuentas el registro de subvenciones concedidas en cada periodo, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. Entiende que la Cámara de Cuentas de Andalucía debe emitir anualmente un informe de fiscalización en el que se emitirá una opinión no sólo de la legalidad en la concesión de estas ayudas, sino de la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad en su concesión y gestión.
