SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A defenderá una proposición no de Ley ante el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a que demande al Gobierno de la Nación que retire, de manera inmediata, el proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, e inicie el diálogo con la comunidad educativa, a fin de llegar a un consenso en materia educativa, que permita fortalecer el sistema
El grupo socialista también plantea en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la Junta solicite al Ejecutivo central la necesidad de garantizar la independencia, la imparcialidad y la neutralidad de la administración en materia educativa; de revisar los acuerdos económicos con la Santa Sede, y de presentación un proyecto de ley que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa, consolidando valores basados en el respeto a los Derechos Humanos y reforzando los principios democráticos de la Constitución española.
Asimismo, en la iniciativa se insta a la Junta a garantizar, en el ámbito de sus competencias, la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación en la comunidad autónoma, y a continuar favoreciendo una educación pública de calidad.
Para el PSOE-A, el Gobierno de la Nación ha planteado una reforma educativa que tiene un profundo calado ideológico, poniendo de manifiesto un modelo educativo que no apuesta por la igualdad de oportunidades, que favorece la educación privada en perjuicio de la educación pública, y que vuelve a conceder reivindicaciones históricas a la Iglesia Católica en el ámbito de los contenidos académicos de los alumnos/as en todo el proceso educativo.
"El Gobierno de España parece decidido a devaluar la escuela pública y reforzar la escuela privada con el dinero de todos los españoles, a través del nuevo concepto denominado demanda social, de manera que, si los mejores recursos están en la escuela concertada, los padres demanden más plazas concertadas y los gobiernos ofrezcan más conciertos", según los socialistas.
Añaden que el principio de igualdad debe estar presente en nuestro marco normativo, y los poderes públicos no deben privilegiar a ninguna comunidad religiosa, ya que esto lo convierte de facto en un Estado confesional. "En estos momentos de dificultades económicas, la ciudadanía se empobrece y el Gobierno de la Nación pretende seguir con su política de ajustes y recortes, perjudicando a los más débiles", según el PSOE-A, que insiste en la necesidad de revisar también los acuerdos económicos con la Iglesia Católica, que supera los 10.000 millones de euros al año.
Para el grupo socialista, el Gobierno del PP ha planteado una reforma educativa, que pretende suprimir la materia de Educación para la Ciudadanía, avalada por el Tribunal Constitucional, para "atender las demandas de la Iglesia Católica".