SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha rechazado que se justifique el empleo de las empresas de trabajo temporal (ETT) en el servicio de intermediación laboral "por un supuesto mal funcionamiento de lo público".
En declaraciones a Europa Press, Recio ha indicado que en Andalucía "la política de la Junta ha sido siempre y va a seguir siendo potenciar al máximo los servicios públicos de empleo".
Ha apuntado que la participación de las empresas privadas en esta labor de intermediación no le parece mal "en sí mismo, ni una mala medida", en cuanto a que "actualmente existe mercado para todos en este ámbito".
No obstante, ha dejado claro que "no comparte de ninguna manera que se justifique el acceso de este tipo de empresas al mercado laboral por un supuesto mal funcionamiento de los servicios públicos".
En ese punto, indica que "si se miran las cifras actuales, no existe tanta diferencia entre unos y otros en Andalucía", de forma que, según ha apuntado, "en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se tramita un ocho por ciento de contrataciones del total de inscritos, en el caso de las ETT, el porcentaje es del 13 por ciento".
Por ello, considera que "cualquier medida encaminada a acabar con la lacra del paro es bien recibida, y si el apoyo de empresas privadas contribuye a luchar contra el paro, la acojo pero queda claro que defendemos la importancia para la sociedad de un potente servicio público de empleo".
Ha resaltado la "diferencia" que introduce Andalucía respecto de Madrid o Castilla-La Mancha, donde "han desaparecido los servicios públicos de empleo".
ESCENARIO "POCO RECOMENDABLE"
Asimismo, Recio considera que "un mercado de trabajo en el que sólo hubiera agencias privadas nos llevaría a un escenario poco recomendable", donde "habría criterios de actuación marcados sólo por la rentabilidad económica; que no sea atendida ni la utilidad social ni a colectivos minoritarios".
Agrega que "solo con la intermediación privada podrían existir nichos de mercado de difícil ocupación que estén desatendidos"; y advierte de que "se podrá dar la situación de desigualdad en el acceso a los servicios de empleo para personas en peor situación económica; y además en ocasiones podrían existir barreras económicas para acceder a esos servicios".
Recio advierte de que solo con las empresas privadas de intermediación "las oficinas de empleo no tendrían garantías públicas de control".
