SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica y la asociación Ben Baso de profesores por la difusión del patrimonio histórico celebran este sábado su segunda ruta informativa sobre este asunto, con un recorrido por los entornos de San Gil, Santa Marina y San Marcos.
Esta segundo paseo por el "expolio purpúreo" comenzará a las 11 horas de la mañana en los aledaños de la iglesia de San Gil, visitando cada uno de los tres citados templos, con explicaciones sobre los valores arquitectónicos de los mismos y su devenir a lo largo de los últimos años.
Recientemente, los activistas celebraban sendos encuentros con los diputados en el Congreso del PSOE y Sumar por esta provincia, entregándoles un manifiesto en el que advierten del "olvido" en el que han caído los compromisos adoptados al respecto por el de nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, apostando además por un "patronato público" que abarque a la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias.
PEDRO SÁNCHEZ Y LAS INMATRICULACIONES
En su escrito, el colectivo señala que la reversión de las inmatriculaciones fue mencionada por Pedro Sánchez en su discurso de investidura de 2019, al comenzar la anterior legislatura, y forma parte además del programa del pacto de gobierno que unía al PSOE y Unidas Podemos en el postrero mandato.
En el asunto pesa el listado hecho público por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos sobre estos bienes, --295 bienes en el caso de la provincia de Sevilla, en la gran mayoría de casos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica--; si bien el colectivo viene insistiendo en que dicho inventario "no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998, y no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado".
En el asunto figura además el informe presentado por la Conferencia Episcopal al Gobierno central en el que reconoce que cerca de un millar de bienes inmuebles que aparecen en la citada lista de activos fueron inmatriculados por error. De los 295 inmuebles que según el informe del Gobierno inmatriculó la Archidiócesis de Sevilla, acogiéndose al artículo 298 del Reglamento Hipotecario aprobado por el entonces Gobierno del popular José María Aznar, se constatan "incidencias" en ocho casos concretos, explicaban fuentes del Arzobispado a Europa Press.
REIVINDICACIONES
En ese marco, el colectivo reclama la "reversión de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica de manera ilegítima e ilegal, en virtud del privilegio franquista de 1946"; así como "una norma que declare en qué casos y en qué condiciones un bien de carácter religioso de extraordinario valor histórico debe ser de dominio público" y la creación de patronatos públicos como el de la Alhambra, para la gestión de espacios como el que componen la Catedral de Sevilla, junto con el Alcázar y el Archivo General de Indias.
En dicho patronato, según los activistas, habrían de intervenir "el Ministerio de Cultura, así como los distintas administraciones, universidades y asociaciones patrimonialistas".
La plataforma recuerda además que promueve actualmente una campaña destinada a pedir al Cabildo Catedralicio, adscrito a la Archidiócesis de Sevilla, "la apertura inmediata" del Patio de los Naranjos, al objeto de que el mismo recupere su papel como espacio plenamente público para cualquier persona.
EL PATIO DE LOS NARANJOS
Según el colectivo, fue en 1992, año de la exposición universal celebrada en Sevilla, cuando este espacio fue "privatizado de facto", pues "se cerró el acceso gratuito al Patio de los Naranjos, manteniéndose desde entonces como parte de la visita de pago al conjunto catedralicio y desvirtuando su disfrute y uso secular, al convertir sus puertas en acceso exclusivo de grupos turísticos y salida de los mismos".
El cuadro de tarifas de la Catedral, eso sí, especifica que la visita al recinto es gratuita para "naturales o residentes en la Archidiócesis de Sevilla, menores de hasta 13 años acompañados por un adulto, discapacitados a partir del 65 por ciento y un acompañante en caso de necesitarlo y desempleados nacionales", pero siempre "acreditándolo mediante documento oficial" en el correspondiente control de acceso.
