Registradas casi 10.000 solicitudes en la capital para acogerse a la nueva normativa, de las cuales unas 2.000 han pasado las resoluciones
SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, Ana Gómez (PSOE), presentó hoy los datos de aplicación de la Ley de Dependencia de la comunidad autónoma durante su primer año en vigor en la capital hispalense, señalando que a todas las personas que ya se venían beneficiando del servicio de ayuda a domicilio gestionado por el Ayuntamiento, hasta un total de 180 personas se benefician de las nuevas condiciones de éste por la nueva normativa.
En rueda de prensa, Gómez expuso que, tras un primer año de trabajo "intenso", el Consistorio ha recibido a través de las Unidades de Trabajo Social (UTS) de la ciudad un total de 9.551 solicitudes de grandes dependientes y severos, para que se valore su situación de dependencia y la pertinencia de acogerse a la convocatoria en vigor.
De estas casi 10.000 peticiones, el Ayuntamiento ya ha remitido a la Junta, administración competente en las resoluciones, 8.255, mientras que la restantes están en tramitación o subsanación de errores. En este sentido, la delegada señaló que casi 4.000 ya han pasado la primera criba, y de éstas, unas 2.000 lo han hecho con la segunda.
Todas estas solicitudes podrán beneficiarse, por vía municipal, de servicios tales como prestaciones económicas, atención en unidades de estancia diurna o la ayuda a domicilio, que hasta ahora viene contabilizando un registro de unas nuevas 70 personas al mes, entre grandes dependientes y severos, que ya pueden gozar de una cantidad de horas de atención entre 70 y 90 al mes --hasta ahora eran 30-- durante todos los días de la semana, a distribuir por los propios afectados.
Gómez, al respecto, indicó que su delegación espera que para la próxima semana la Junta de Gobierno Local pueda aprobar los pliegos para la nueva contratación por un año de este servicio, con una cantidad consignada de 19 millones de euros --frente a los siete millones del actual contrato--, que entraría en vigor a partir del 1 de octubre de 2008. La Junta cofinanciaría unos once millones, que tendría que adelantar el Ayuntamiento, a razón de 13 euros la hora de atención.
La delegada municipal de Bienestar Social añadió que en los últimos tiempos la Junta tarda unos seis meses de media en resolver sobre una solicitud, con 20 días de plazo en los cuales el Consistorio remite la documentación a la administración autonómica.
