SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo municipal del PP llevará al próximo Pleno una propuesta para endurecer las sanciones a los 'gorrillas', que podrían cambiar multas de entre 750 y 1.500 euros por servicios sociales, según anunció hoy el portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido.
En declaraciones a los periodistas en la barriada de Bami, una de las zonas más afectadas por los aparcacohes ilegales, Zoido lamentó que "los sevillanos están siendo coaccionados por gorrillas que cobran por aparcar en la calle", mientras que al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, "sólo se le ocurre decir que no hay solución".
"Yo he buscado la receta y voy a dársela a Monteseirín", apuntó el portavoz popular, quien propuso sanciones de entre 750 y 1.500 euros para estas personas, que "si no pagan podrán cambiar por sesiones de los servicios sociales", además de que "si no abandona el lugar donde realiza su actividad, será considerado desobediencia a la autoridad".
Así, recordó que "en estos momentos se está trabajando en una ordenanza que aún está en proceso de aprobación y a la que el Grupo Popular ha presentado enmiendas en este sentido" y apostó por incluir en el artículo 34, correspondiente al régimen de sanciones, el siguiente párrafo: "cuando la infracción consista en ofrecimiento de un lugar para aparcamiento por persona no autorizada, no se requerirá la orden de abandono de la actividad y se procederá de inmediato, al inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador".
Además, la propuesta de Zoido pasa por concretar en el citado artículo de la ordenanza que "si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, podrá ser sancionada por desobediencia a la autoridad".
"Se trata de que no estén en la calle señalándonos donde podemos aparcar y cobrándonos por ello", agregó el portavoz popular, quien insistió en ofrecer la posibilidad de "sustituir las sanciones, de acuerdo con la legislación vigente, por sesiones de atención individualizadas con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencias o por cursos en los que se informe sobre las posibilidades que ofrecen las instituciones públicas y privadas".
Para Zoido, de esto modo se conseguirá "dar a la policía herramientas legales para actuar", a lo que añadió la necesidad de que la ordenanza vaya acompañada del "incremento de efectivos policiales en la calle y un plan social de integración por parte de los servicios sociales".
"Me consta que la Policía y los técnicos de Bienestar Social lo tienen claro, sólo falta que les demos la posibilidad de trabajar y la norma para arreglarlo", aseguró el edil del PP, quien consideró que "cuando las ordenanzas y la Ley son insuficientes, habrá que cambiarlas".
Además, puso de manifiesto que "los vecinos de la zona donde actúan los 'gorrillas' tienen que soportar no poder aparcar en su barrio cuando vienen de trabajar, tienen que soportar gritos y amenazas todos los días hasta delante de sus hijos y tienen que soportar cómo viven en la puerta de su casa, donde instalan colchones, donde en muchos casos consumen droga y donde habitan en condiciones infrahumanas e injustas para todos".
