Sevilla.- Sppme dice que el Consistorio no ha defendido a la Policía, "sino el no pagar", en el caso de Joyería Román

Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 25 enero 2008 17:58

SEVILLA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) se pronunció hoy sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena al Ayuntamiento de Sevilla al pago de 495.306 euros en concepto de indemnización a Joyería Román por una actuación negligente de la Policía Local que propició el robo que el negocio sufrió en 2001, asegurando que en todo el caso el Consistorio "no ha defendido a la Policía, sino que han defendido el no pagar o pagar lo menos posible".

El secretario general del Sppme-A, Manuel Bustelo, dijo a Europa Press que, a falta de un estudio pormenorizado de la sentencia para arrojar valoraciones definitivas, el sindicato piensa que "no se ha entrado en el fondo de la cuestión ni se han aportado datos suficientes sobre la intervención policial concreta".

"Lo que se dice, siempre según los datos que han trascendido, es que, según el juez, el robo devino de una actuación negligente de la Policía, pero pensamos que puede ser del Ayuntamiento, que es el que hace cumplir las directrices establecidas", precisó Bustelo.

Y es que, según el secretario general del Sppme-A, "si se te dice que no te metas en un charco --en referencia a las falta de competencias de la Policía Local a la hora de combatir la actividad delictiva-- no te metes porque es lo que te mandan, pero luego no procede que un juez diga que es que te tenías que haber metido en el charco".

Bustelo calificó de "muy grave" la situación, ya que, a su juicio, "es poner a la Policía a los pies de los caballos, porque únicamente se defiende con el afán de no pagar la indemnización". Remitió, no obstante, a la lectura de la sentencia, si bien apostilló que la Policía, en todo momento, "cumple lo que se le manda".

En cuanto a la posibilidad de recurrir el fallo, el Ayuntamiento ya señaló ayer que los servicios jurídicos han de dilucidar si tal iniciativa es posible, aunque la corporación espera recurrir en el caso de que le esté permitido.

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